El puente Rojas Paúl o Libertador es una estructura construida sobre la quebrada Tabure a finales del siglo XIX en la administración del presidente de la República Juan Pablo Rojas Paúl.
Este inmueble, así como otras bienhechurías como por ejemplo la Casa Rosada de Agua Viva, fueron declaradas Bien de Interés Cultural, según Resolución N° 003-05 de fecha 20 de febrero de 2005, quedando sometidas a las disposiciones contempladas en la Carta Magna, la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico y su Reglamento.
Pero resulta que el histórico puente exhibe un panorama alarmante desde hace cuatro años, dramático escenario que preocupa a los habitantes de Cabudare.
Sin embargo, luego que un grupo de palavecinenses agrupados en la Asociación Civil Proyecto Palavecino solicitara la semana pasada al alcalde de Palavecino, Richard Coroba, el rescate de la casona de monseñor José Antonio Ponte, quien fuera el sexto arzobispo de Venezuela, vivienda considerada la más antigua de Cabudare, Jorge Luis Castillo, dirigente social del municipio, denunció el pésimo estado del puente vial.
Expresó con preocupación que la Alcaldía de Palavecino, en cuatro años de gestión de Coroba, “jamás ha limpiado los bordes del puente y ni siquiera una pintura de cal le ha podido mandado a echar”.
Observó con estupor que los alrededores del hermoso puente “arquitectónicamente hablando, están repletos de monte que arropa la estructura. Hay animales muertos, escombros, cauchos, neveras, muebles y toda clase de desechos”.
Inexistente mantenimiento
Agregó Castillo, que si existiera una política de mantenimiento para las estructuras patrimoniales, “la gente respetara los espacios y apuesto a que no arrojaran basura, pero al ver el estado crítico de abandono, irrespetan depositando basura y cachivaches”.
Una laguna de aguas negras se desparrama de un solar invadido aledaño al puente, corriendo el agua por la calle Juan de Dios Ponte, lo que hace del escenario más lamentable.
Obligado por ley
El miembro de Proyecto Palavecino subrayó que el alcalde y los concejales están obligados a defender, preservar y mantener el patrimonio edificado de acuerdo al artículo 9 de la Ordenanza sobre Promoción, Protección y Conservación del Patrimonio Histórico, instrumento sancionado en 2003.
