Incluyente. Así dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que es el Plan Cayapa que se realiza en el Internado Judicial de San Felipe, en el estado Yaracuy, desde el pasado martes y que se extenderá hasta el sábado.
Incluyente porque atenderán a los 1.554 privados de libertad que se encuentran en dicha cárcel si bien, según versiones extraoficiales, más de la mitad de la población penal, cuenta con defensa privada. “No dejaremos a nadie por fuera pero en la cayapa no trabajamos con abogados privados, sólo con defensa pública (…) en muchos casos los juristas cobran una fortuna a sus clientes, quienes en ocasiones tienen que delinquir para poder cancelar los honorarios”.
Incluyente también, porque en algunas situaciones, cuando los detenidos tienen su propia defensa, hasta le envían un informe y fichas técnicas con datos de los pasos a seguir para que sean beneficiados si así lo requieren. “Los abogados deben aplaudir la cayapa”, aseguró.
Asimismo, durante el primer día de trabajo, se atendieron a 147 personas, entre ellos, quienes sufren de algún tipo de discapacidad, razón por la cual fue una actividad incluyente. En dicha jornada se otorgaron siete libertades plenas, cuatro a personas que ya habían cumplido sus penas.
La ministra explicó que no en todos los casos se trata de darles libertades, sino también disminución de pena, entre otras, pero para ello, deben cumplir con una serie de requisitos como el buen comportamiento, igualmente si han cumplido con un tercio de la pena y si se trata de delitos menores, por ejemplo, robos genéricos, “las condiciones deben estar dadas”.
Incluyente fue la jornada de ayer, al momento de invitar a los más de 400 penados originarios de la antigua Uribana, que se encuentran en La Cuarta, a regresar al actual Centro Penitenciario David Viloria, siempre y cuando estén dispuestos a convivir con el nuevo régimen penitenciario, el cual está en 17 centros del país.
Sin embargo, en las tareas del día, quedó una pendiente y fue no atender a los familiares que se encontraban en las adyacencias del Internado Judicial, pidiendo a gritos hablar con la ministra Iris Varela, por lo cual, también fue excluyente.
Se quedaron esperando
Heisy Padilla ansiaba conversar con Varela y explicarle el caso de su hermano, quien tiene dos años y medio detenido por droga. “Necesitamos le den una medida humanitaria. El doctor Darío Suárez, de juicio I, es quien lleva la causa pero tiene dos años de atraso con todo, no revisa bien los casos”, comentó la dama que llevaba consigo una serie de documentos que demostraba que su fraterno está enfermo.
Caso similar deseaba manifestar Aleyda Almao, quien se encontraba ahí desde las 9:00 am. “Mi hijo William Rafael López Amaro, tiene 2 años y 3 meses preso por 31 gramos de droga. A él se lo trajeron de Uribana en enero, después de la masacre, ahora está enfermo y requiere un beneficio”.
Desde el lunes, estaba José Rangel, quien vive las penurias de visitar los penales desde 2007 cuando encarcelaron a dos de sus hijos, “uno de ellos es inocente. Se los trajeron desde Lara pero no le han hecho juicio a pesar de tener seis años tras las rejas”.
El sol era inclemente, las pancartas salían a relucir, todos con una sola petición: ser atendidos. Los gastos que se les generan a estas personas son inmensos y a veces, no tienen cómo cubrirlos, Oscar Petit es uno de eso protagonistas de las tristes historias que se conocían ayer. “A mi familiar lo sembraron hace un año y no le han abierto juicio. Sobrevivió la masacre de Uribana y ahora es difícil visitarlo”.
Maritza Linárez, por su parte, llora aún que a su hijo, quien una semana antes de los hechos del Centro Penitenciario de Barquisimeto, lo trasladaron a La Cuarta y de ahí, enviado a Tocuyito, “antes tenía que pagar 300 bolívares de causa, ahora hace deportes y le descuentan, pero tiene dos años y medio por robo y no le han bajado”, narró.
“En la comandancia general de la Policía de Yaracuy, tienen hacinamiento y deben pagar 2.000 bolívares semanales”, comentó Yesenia Torrealba, quien aseguró que su esposo fue detenido injustamente porque trabajaba como taxista y uno de sus clientes asesinó a otra persona pero lo involucraron. “La línea de taxi ha presentado cartas como él es buena persona, los familiares del fallecido saben quién lo mató y no dicen nada”.
Torrealba expresó que en los calabozos de Poliyaracuy, hay gran cantidad de detenidos “pero eso es asqueroso, deben hacer sus necesidades en bolsas y delante de todos, además le botan la ropa que les traemos”.
Lista el área de mínima
El área de mínima del Centro Penitenciario David Viloria está listo para recibir a 234 internos, cuyo traslado se esperaba para el 15 de agosto pero no se realizó porque Varela se encontraba en “tareas asignadas por el Presidente fuera del país”.
Allí, informó, que se pararon las diferentes partes con una cerca perimetral y ahora estarán separados los privados de libertad de mínima, media y máxima. Reiteró, además, el anuncio que el próximo 30 de septiembre inaugurarán la Comunidad Penitenciaria de Lara, que atenderá a casi mil personas.
La jefa de la cartera de Asuntos Penitenciarios, rechazó que algunas personas que recibieron beneficio de libertad plena por el Plan Cayapa, estén asesinando a otras. “Cuando salen, conversamos con ellos y queremos que se reinserten a la sociedad y se olviden de pensar como antes”.
Por otra parte, manifestó que estudiarán la posibilidad de mudar las cárceles que se encuentran en zonas residenciales.
