El Ministerio Público logró privativa de libertad para José Melitón Guerrero Contreras (53) y Luis Roberto Suárez Bohórquez (38), quienes son gerentes de seguridad y operaciones del Centro Comercial Sambil-Barquisimeto, estado Lara, por presuntamente impedir y obstaculizar las labores de las autoridades para restablecer el orden público el 16 de abril de este año, en la avenida Argimiro Bracamonte con Venezuela, en la capital larense.
La fiscal 5° de ese estado, Yurancy Arteaga, imputó a los dos hombres por presuntamente incurrir en los delitos de intimidación pública, instigación y asociación para delinquir.
La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control de Lara, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad y fijo como sitio de reclusión la sede de la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Barquisimeto.
El día del hecho, los manifestantes, quienes rechazaban los resultados de la elección presidencial, lanzaron piedras y fuegos pirotécnicos contra una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, logrando herir con un cohetón al sargento del referido componente, Junander Pinto Sánchez, de 26 años de edad.
A través de la investigación y videos se observa cómo los manifestantes, quienes obstruían el paso en ambos sentidos de las avenidas Bracamonte y Venezuela, tenían acceso al establecimiento comercial, a pesar de que éste se encontraba cerrado.
Las grabaciones muestran que por medio de una puerta, el grupo de manifestantes entraban al centro comercial y salían por otra de emergencia, situación que facilitaba la permanencia de personas dedicadas a alterar el orden público.
Igualmente, los efectivos castrenses que se hallaban en el lugar tratando de mediar para restablecer el orden, observaron cómo muchos de estos manifestantes se resguardaban en la parte interior del centro comercial.
Ambos gerentes fueron aprehendidos por funcionarios del Cicpc el pasado 27 de agosto, en la sede del Sambil, luego de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el mismo tribunal que acordó la privativa de libertad.
