Dos ex empleados de una correduría de Nueva York se declararon culpables el jueves de conspirar para pagar sobornos a funcionarios de la banca estatal venezolana, mientras los fiscales estadounidenses buscan ampliar su caso.
Tomas Alberto Clarke Bethancourt, de 43 años, y Ernesto Luján, de 50, admitieron participar en la conspiración para ayudar a conseguir negocios a su ex empleador, Direct Access Partners.
Fiscales federales en Nueva York habían dicho anteriormente que Direct Access Partners ganó más de 60 millones de dólares en tarifas de operaciones que supuestamente eran dirigidas por un funcionario del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, conocido como Bandes.
Pero el caso ahora se ha ampliado debido que las declaraciones del jueves relacionan a Direct Access con un segundo banco de propiedad estatal, el Banfoandes con sede en San Cristóbal, que el Gobierno venezolano cerró en el 2009.
En la corte, Clarke, un ex vicepresidente ejecutivo del operador en su oficina de Miami, dijo que en el 2009 él estaba consciente de que algunas de las tarifas que Direct Access pagaba a un extranjero fueron divididas con un funcionario no identificado de Banfoandes.
«En otras palabras, ese funcionario estaba siendo pagado para enviar negocios a DAP en apoyo de la conspiración», dijo Clarke refiriéndose a Direct Access.
Un representante de Banco Bicentenario, sucesor de Banfoandes, no contestó inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El funcionario de Banfoandes sería al menos el tercer funcionario bancario estatal venezolano que el Gobierno de Estados Unidos ha dicho que recibió pagos de gente relacionada a Direct Access.
Una demanda civil presentada en mayo citó a un segundo funcionario no identificado de Bandes que también recibió pagos.
Otros dos individuos también han sido acusados de cargos criminales como parte de la conspiración, incluida la ex funcionaria del Bandes María De Los Angeles González de Hernández, quien según los funcionarios recibió más de 5 millones de dólares en sobornos.
González fue arrestada en mayo con Clarke y el acusado José Alejandro Hurtado. Luján fue arrestado en junio.
Como consecuencia de los arrestos, Direct Access Group LLC, la matriz del operador, presentó la solicitud de protección por bancarrota en julio, después de que sus acreedores iniciaron involuntariamente un caso de capítulo 7.
