La presidenta de la bancada parlamentaria de la Unidad, Dinorah Figuera, solicitó al Ministerio Público que determine la responsabilidad de la exministra de Salud, Eugenia Sader, en las irregularidades detectadas en el convenio Argentina-Venezuela para la dotación de los centros oncológicos del país.
«Estamos solicitando una investigación ante la Fiscalía General de la República para que se evalúe el convenio Argentina-Venezuela, tomando en cuenta la presunta responsabilidad que tiene la exministra Sader al no haber garantizado la consecución del acuerdo en cuanto al mantenimiento y reparación de las máquinas», manifestó la diputada a la Asamblea Nacional.
La denuncia hace relación a recientes declaraciones de la viceministra de Recursos para la Salud, Nuramy Gutiérrez, quien admitió que los equipos oncológicos adquiridos por Venezuela en 2004 en el marco del convenio binacional con la nación sureña, han presentado daños que afectan a los pacientes con cáncer que dependen del servicio de Salud pública para preservar su vida.
Figuera refirió que esta situación ha generado que equipos de 19 centros de salud se encuentren fuera de servicio por falta de mantenimiento.
«Estamos solicitando que se investigue a los funcionarios que fueron negligentes a propósito de la continuidad de este convenio, frente a la muerte de pacientes que no han tenido el acceso a un tratamiento oncológico», reiteró la diputada.
Responsabilidad
La parlamentaria no sólo señaló la responsabilidad del Ejecutivo en la violación del derecho a la salud de los venezolanos, sino también la que tendría el Poder Legislativo al no ejercer su función contralora y de corta fuego de una mala gestión gubernamental.
De igual forma, el oficialismo ha fallado al «colocar debajo de la alfombra» la redacción de la Ley Orgánica de Salud, cuya creación ordenó la Constitución de 1999, al último lugar de la prioridad parlamentaria.
«Hemos denunciado precisamente el privilegio que le ha dado la AN a las discusiones eminentemente políticas, cuando hay una gran demanda social no sólo de la Ley Orgánica de Salud sino también de un Sistema de Seguridad Social», destacó la vocera de la MUD.
Cabe destacar que la Asamblea Nacional igualmente tiene responsabilidad en la aprobación del Presupuesto nacional, que según los estándares internacionales debería destinar el 10% del PIB al sector salud, pero Venezuela destinó en 2013 apenas el 1,7%.
«Hoy estamos viendo las consecuencias en hospitales destartalados», destacó Figuera.
Finalmente, al invocar la defensa de los derechos humanos de la población, la parlamentaria y también profesional de la medicina indicó que presentará la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, órgano al que la Constitución ordena velar por la ciudadanía.
Asimismo, «le vamos a pedir un pronunciamiento a la Organización Panamericana de la Salud, tomando en cuenta la irresponsabilidad demostrada por el Estado venezolano al no garantizar el tratamiento a los pacientes con cáncer».
