El caso de los 30.000 niños robados durante el franquismo será presentado el lunes en el marco de un juicio que se sigue en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española, anunció este jueves una querellante.
«Vamos a presentar un querella por las decenas de miles de niños robados por el franquismo, ante la jueza María Servini de Cubría», dijo en rueda de prensa Soledad Luque Delgado, representante de la Asociación de Niños Robados en España.
La representante de la Asociación, que lleva el lema «Todos los niños robados son también mis niños», tiene un hermano mellizo nacido en la maternidad O’Donnell en enero de 1965 y desaparecido un mes después en el centro médico.
El tema de los niños españoles robados, en especial hijos de detenidas republicanas, fue tratado en una rueda de prensa en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo, la entidad que logró identificar a 108 de los 500 niños robados en la dictadura argentina (1976/83).
«A mi padre, que era socialista y alcalde del pueblo Castro del Rey, lo mataron cuando yo tenía 16 años y ya me habían enviado a la Argentina. Estaba huérfano porque mi madre había muerto cuando tenía 5 años», recordó Rivas a la AFP en un aparte de la conferencia.
Rivas, un anciano de 93 años, enfundado en un traje con chaleco y corbata oscuros, relató que a su padre «lo secuestraron los falangistas y lo llevaron a la cárcel de Lugo para ser fusilado por traición a la patria. Terminó en una fosa común en una cuneta», como tantos otros.
Luque Delgado, quien actúa en nombre de nueve asociaciones españolas, explicó que la justicia de su país termina archivando por prescripción o por falta de pruebas el robo de niños porque lo interpreta como un delito puramente económico y no político.
«Nosotros pretendemos probar ante la justicia que los robos de niños fueron masivos y respondían a patrones comunes que se aplicaron en todo el territorio español», dijo Delgado e insistió en que se «trata de casos de lesa humanidad».
También estuvieron presentes en la rueda de prensa Josu Ibargutxi (64), preso desde 1968 a 1977, y José María Galante (63), detenido en cuatro ocasiones y la última durante cinco años hasta 1977, cuando se dictó la ley de amnistía.
Entidades humanitarias, políticas y sociales están organizando una plataforma argentina para dar impulso a la causa que lleva adelante Servini de Cubría y ha tenido altibajos en los últimos meses.
En este marco, diputados argentinos de diferentes bancadas de la comisión de Derechos Humanos firmaron la noche del miércoles «una declaración de repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista».
También esperan sumar a las organizaciones que nuclean a la extensa migración española en el país sudamericano, muchas de las cuales jugaron un importante papel en el envío de ayuda a las fuerzas republicanas.
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