Luego de cuatro meses después de los hechos ocurridos el 15 y 16 de abril, cuando estudiantes y ciudadanía en general salieron a las calles barquisimetanas para protestar por presuntas irregularidades en los comicios presidenciales celebrados el 14 de ese mes, y donde se cuestionó la actuación del Consejo Nacional Electoral, el caso ha tomado un nuevo giro.
Como ya se conoció, el pasado 16 de este mes, se dictó una orden de aprehensión firmada por Lina Rodríguez, juez suplente, en contra de José Guerrero Contreras, jefe de Seguridad y Luis Roberto Suárez Bohórquez, gerente general del Centro Comercial Sambil Barquisimeto, por “presuntamente impedir y obstaculizar las labores de las autoridades para restablecer el orden público el 16 de abril de este año, en la avenida Argimiro Bracamonte con Venezuela”, según reza una nota de prensa emitida por el Ministerio Público.
Sin embargo, no fue sino hasta el día martes 27 de agosto, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se dirigieron hasta el centro comercial, en el este de la ciudad, para detener a las dos personas. Las llevaron hasta la sede de la policía científica, donde pasaron la noche mientras esperaban a ser presentados ante Yurancy Arteaga, fiscal 5º, quien imputó a Contreras y Guerrero el día de ayer.
Efectivamente, después de llegar en horas de la mañana con una comisión del Cicpc, la audiencia donde serían presentados Guerrero y Suárez, se pospuso hasta horas de la tarde. A las 3 p.m., ambos ciudadanos fueron presentados, una hora y media después, la fiscal los privó de libertad mientras se lleva adelante el juicio por el cual se les imputa, y permanecerán en las celdas del Cicpc-Lara.
Pedro Troconis, especialista en derecho y asesor jurídico del centro comercial donde laboran los detenidos, indicó que la próxima semana se introducirá un recurso de apelación contra la medida que los privó de libertad y para que sean enjuiciados sin estar presos. “Lo decidirá la Corte de Apelaciones del estado Lara, si se cumplen los lapsos que establece la ley”, explicó.
Según las declaraciones del abogado, en la presentación se manejó la idea de que tanto Guerrero como Suárez, “dejaron entrar a los manifestantes para guarecerse y atendieron a los heridos para que continuaran en la protesta”.
Troconis indicó que los ahora detenidos, brindaron asistencia médica a aquellos ciudadanos que fueron reprimidos en las protestas después de los comicios toda vez que se encontraban en el área verde de la fachada del centro comercial. “Ellos atendieron a los heridos que estaban en el jardín con insumos propios que tiene el centro comercial para atender emergencias”. Según el especialista en Derecho, la actuación no responde al hecho por el cual son acusados, sino que representa la reacción lógica de una persona que asiste a quienes se encuentren en emergencia.
El representante de los acusados indicó que, desde el centro comercial se tienen “pruebas concretas” que demuestran lo contrario del hecho al que se le acusa y explicó que “nadie se imaginó que después que ellos fueron citados al Ministerio Público para que explicaran sus actuaciones asistenciales en las protestas, fueran vinculados con este hecho”.
La nota de prensa emitida por el MP, indicó que “grabaciones de cámaras de vigilancia, muestran que por medio de una puerta, el grupo de manifestantes entraban al centro comercial y salían por otra de emergencia, situación que facilitaba la permanencia de personas dedicadas a alterar el orden público”. “Los familiares y los representantes principales del centro comercial están asombrados, sienten impotencia por lo que está sucediendo, y decepción del sistema judicial”, explicó Troconis ante la decisión.
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