Desde la noche del lunes estaban familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de San Felipe, provenientes de diferentes partes del país, esperando a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien iría ayer a Yaracuy para hacer el Plan Cayapa pero no llegó.
Cuatro libertades plenas otorgaron los funcionarios que realizaron el operativo y fue a personas que ya habían cumplido la pena.
Dijeron que los beneficiados serían sólo aquellas personas que tenían defensa pública pero más de la mitad de la población penal cuenta con abogados privados.
El líder negativo de la cárcel, aparentemente, amenazó con causar ‘revueltas’ en el penal si no los atendían.
Hoy a las 8:00 de la mañana se espera llegue Varela a la entidad yaracuyana a realizar el ansiado Plan Cayapa.
“No hay jueces en el Circuito Penal”, decían algunos de los presentes en medio de los gritos por acomodarse en las colas para ser atendidos. “Desde hace dos años están suspendiendo los juicios”.
Nerys Granado viajó desde Barquisimeto a San Felipe a exigir libertad para su hijo, quien se encontraba en Uribana pero por los hechos de enero, lo llevaron a “La Cuarta”. “Ya está enjuiciado desde hace dos años, pero queremos un beneficio porque fue mínima la porción de droga que le consiguieron, es muy difícil venir a visitarlo”.
Por su parte Nancy Alvarado, trabajadora del Frente Francisco de Miranda, viajó desde El Tocuyo por el caso de su único hijo, a quien detuvieron por porte ilícito y robo agravado el 12 de noviembre de 2012. “De corazón necesito lo beneficien, él tiene dos hijos, su esposa no trabaja y yo estoy mayor, ya no me alcanza el dinero y de paso tiene que pagar causa”.
Así como ella, son muchos los que deben cancelar semanalmente hasta 80 bolívares por su permanencia en la cárcel y que no les hagan daño.
Kerlys Cedeño abogó por su hermano Carlos, quien permanece tras las rejas desde el 17 de octubre de 2012 y fue sentenciado a 15 años. “Tiene buen comportamiento, merece la libertad”, dijo.
Otra de las mujeres presentes, aseguró ir los domingos a la visita. “Entro como a la 1:00pm, ahí comparto con él, pero a veces no tengo dinero para venir, aunado a lo que debo pagar para que lo mantengan vivo”, narró la madre soltera, quien tiene otros dos hijos. “No se imaginan el temor con el cual vivo”.
Zulay Aular contó que su esposo Jonathan Muñoz tiene dos meses detenido y lo culpan por cooperador de extorsión, en las visitas lleva a sus tres hijos de 2,8 y 9 años a quienes les dice que se encuentra en el lugar trabajando.
Hacinamiento en Poliyaracuy
Olivia Sivira le hizo un llamado a la ministra Iris Varela “para que tome la población femenina de la comandancia general de la policía de Yaracuy”, donde unas 100 mujeres viven privadas de libertad en un espacio de 3×3 metros aproximadamente. “Ahí hicieron el Cayapa pero el objetivo no fue logrado; a su hija Keiber Durant, la juzgaron con el antiguo COPP y no la beneficiaron por algunas normas que tomaron de la nueva Ley a pesar que su pena fue puesta bajo el ‘viejo’ código. “Ella colabora como ayudante de enfermería y hasta carta de buena conducta tiene. ¡Merece el beneficio!”.
