Durante la mañana de ayer, en la Inspectoría del Trabajo mientras sus funcionarias recibían una charla sobre violencia de género en el auditorio, en la planta baja trabajadores de una empresa de vigilancia reclamaban por la reducción de la jornada laboral y en la vía a Cordero se realizaba una inspección por el cierre inesperado de una empresa de pollos beneficiados.
“No estamos en contra de la Ley, estamos en contra de poner a nuestras familias a pasar trabajo, estamos en contra de la inconstitucionalidad que hay en este país, estamos en contra de que 50 diputados tomaron leyes de otros países para implementar una reducción de jornada sin considerar el bajo poder adquisitivo que tenemos, estamos en contra de que no hayan consultado a este sector para realizar cambios que efectivamente atentan sobre los beneficios que veníamos gozando”.
De esa manera se expresa Miguel Ríos, secretario general del sindicato de una empresa de seguridad privada a las puertas de la Inspectoría del Trabajo frente al coordinador de este organismo, el Mayor Nelson Pereira.
Los trabajadores le plantearon a Pereira la incorformidad que sienten ante la disminución de la jornada laboral, realidad que influye en la reducción de ingresos y del bono de alimentación.
“Necesitamos ganar más para poder llevar más plata a nuestras casas, porque el salario mínimo no alcanza para nada. Cada día tenemos que hacer una cola para comprar una harina en 20 bolos. La realidad de nosotros no es la que se ve en Venezolana de Televisión, la verdad es que estamos pasando trabajo y el Gobierno nacional no hace nada”, apunta Ríos.
Por su parte Pereira aclara que en la Inspectoría han recibido denuncias de los trabajadores del sector de vigilancia, porque no están de acuerdo con el artículo 175 que regula los horarios laborales para este sector. “Ellos estaban acostumbrados a trabajar 70, 90 horas semanales y ahora deben adecuarse a la Ley Orgánica del Trabajo”.
Tras la conversación entre los vigilantes y el mayor Pereira, se levantó una minuta que recoge el planteamiento del sector y la respuesta de la Inspectoría la cual fue firmada por ambas partes.
Entretanto se celebraba un taller sobre la violencia de género dictado por facilitadoras del Ministerio de la Mujer. “En el último mes nuestras trabajadoras han sido víctimas de maltrato por los usuarios que se acercan fuera de control a ejercer su derecho y hacer sus planteamientos. Nosotros no podemos permitir que sigan atacándolas. Ellas incluso han solicitado que se realicen acciones penales en contra de los maltratadores”, comenta Pereira.
Por otra parte el cordinador de la Inspectoría informó sobre un procedimiento de cierre ilegal de una empresa de aves beneficiadas ubicada en la vía a Cordero. “Sustentado en el artículo 149 de la ley se iniciaron las inspeciones y en caso de que no reinicien sus actividades vamos a solicitar la ocupación por parte de los trabajadores. Cerraron la empresa, sin ningún tipo de explicacion ni de procedimiento interno”, acotó.
