El Ministerio del Interior y Justicia le ordenó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y al Saime, poner sus archivos a disposición del Ministerio Público y de la Comisión por la Verdad.
Así lo dio a conocer este viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien precisó que la medida tiene el fin de colaborar en la investigación de casos de violación de derechos humanos.
«El ministro ordenó inmediatamente el resguardo de estos archivos para evitar que desaparezca algún documento que sea de interés para la Comisión de la Justicia y la Verdad», manifestó la funcionaria.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un encuentro entre los representantes de las instituciones involucradas, que tuvo lugar este viernes en la sede del Sebin.
En opinión de Ortega, esta reunión exalta el trabajo que viene haciendo la instancia que preside, la cual «ha dado un salto positivo» en la persecución de violaciones de DDHH cometidos entre los años 1958 y 1998.
Así mismo, la fiscal general precisó que una vez abiertos los archivos existentes en las distintas sedes de los órganos de seguridad, se conformarán equipos de trabajo destinados a revisar los expedientes «para ubicar los casos que tengan vinculación con lo ocurrido durante el periodo de interés.
Indicó que se pretende «identificar a los ex funcionarios responsables, así como identificar los lugares que fueron usados para torturar a los perseguidos políticos de esa época tenebrosa”, afirmó.
Víctima de secuestro
La titular del MP no descartó la posibilidad de que una osamenta hallada el jueves en San Diego, estado Carabobo, se trate de los restos del empresario español Juan Cortés, un relevante caso de secuestro desde enero de 2012.
«No sabemos si realmente es él (…) El Cicpc se va a encargar de las investigaciones», manifestó.
La víctima es el propietario del conocido restaurante Casa Cortés, ubicado en el sector La Candelaria del centro de Caracas, cuya esposa informó dos meses después del secuestro que había cancelado una cantidad importante de dinero por la libertad de su esposo.
