En un acontecer político polarizado no es viable la ejecución de un debate abierto que analice a fondo el tema de la corrupción, por lo tanto, esta vitrina de opiniones antagónicas puede ser creada como mecanismo que justifique las medidas de la Ley Habilitante.
De esa forma lo expresó el politólogo Piero Trepiccione, al ser consultado por EL IMPULSO acerca de la solicitud de un debate abierto por parte del presidente Nicolás Maduro y la aceptación del líder opositor Henrique Capriles.
“El debate no va a suceder, es completamente falso que se inicie este tipo de discusiones en un país tan polarizado. Simplemente se trata de un mecanismo de disuación por parte del Gobierno Nacional para desviar la atención de la opinión pública. Es más, ni siquiera en campaña electoral se realizó este espacio necesario para la evaluación de gestiones y propuestas”.
Recordó que en el país no se realiza un debate político desde el año 97, cuando Hugo Chávez y Claudio Fermín accedieron a discutir sus propuestas de gestión en la Presidencia de la República. En ese sentido, expresó que se evidencia la necesidad de protagonizar estrategias políticas públicas que generen un impacto directo a la sociedad.
“El tema de la corrupción no se puede vandalizar o convertir en un espectáculo, debido a que pierde su verdadero sentido de discusión formal y organizada donde se expresan distintos puntos de vista. Realmente no creo que el Estado vaya a darle tribuna a Capriles para que exprese con libertad sus acusaciones en contra del sistema de Gobierno”.
Entre tanto, refirió que la oposición acepta el reto pese al riesgo de legitimar el cargo del presidente por tal acción.
Al evaluar ambos argumentos en un eventual debate, el politólogo expuso que la oposición cuenta con razonamientos de peso que pueden favorecer a fin de cuentas, mientras que el Gobierno se encargaría de repeler los temas mediante la hechos de gestiones pasadas.
A su criterio, el país necesita presenciar un debate constructivo donde se evalúe de manera conjunta los problemas y necesidades de la nación a fin de ofrecer soluciones concretas.
Ley Habilitante
En cuanto a la Ley Habilitante -herramienta constitucional que faculta al Presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza- recalcó que no es necesaria la habilitación de poderes especiales para erradicar focos de corrupción, debido a que existen instituciones que establecen firmes sanciones en relación a delitos de salvaguarda de bienes públicos. No obstante, criticó que las instituciones públicas han perdido su autonomía y respeto a los valores ciudadanos.
“El papel de las instituciones públicas es cumplir de la ley apegada a la justicia y las normas, pero en la actualidad están totalmente polarizadas y siguiendo ordenanzas político-partidistas. La sociedad democrática debe exigir el ejercicio de sus derechos y beneficios constitucionales”.
Indicó que las instituciones del país están en riesgo de sucumbir por autorismos y sectorismos que se apoderan de los cargos públicos del estado.
“Es el mismo caso que sucede cuando un policía o un fiscal te detiene, donde es común que suceda la situación de tener vencido algún documento necesario para circular. Sin embargo, te piden una comisión a fin de exonerar la multa y los cargos. Esa actitud de las autoridades ponen en duda la conducta de nuestras instituciones que afecta directamente el desarrollo de la sociedad”.
