El próximo primero de septiembre los trabajadores que devengan salario mínimo gozarán de un incremento del 10 por ciento sobre su sueldo, tal y como lo exige el decreto presidencial número 30 publicado en Gaceta Oficial el pasado 30 de abril. Sin embargo, ese 10 por ciento más del que gozarán “hace rato se lo tragó la inflación”.
Así lo hace saber Maryolga Girán, asesora de la Comisión Laboral de Conindustria, quien asegura que el sector empresarial está preparado para darle cumplimiento porque ya lo tiene presupuestado desde el mes de abril.
“Es un aumento que sólo se otorga a cerca de 4 millones y medio de trabajadores que son los que ganan sueldo mínimo, del total de la población laboral que se estima ronda los 13 millones. Digamos que este ajuste no representa una carga gravosa, incluso hubo una gran cantidad de empresas que lo otorgaron el primero de mayo de una vez”.
A juicio de la abogada, el aumento se quedó corto porque la población enfrenta un incremento de la canasta alimentaria familiar que se ubica en 6 mil 472 bolívares, según las cifras de julio reportadas por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), un 31 por ciento por encima de lo que costaba en junio, y en septiembre el salario mínimo llegará a un poco más de 2 mil 700 bolívares, monto que no cubre si quiera la mitad de la cesta básica.
“Sin duda el aumento salarial no es la solución al problema de los trabajadores. La fuerza laboral lo que necesita es que aumente el aparato productivo del país y se generen más puestos de trabajo”, comenta y cita como ejemplo la situación que se vive en Punto Fijo, estado Falcón, donde los comerciantes de la zona franca no han recibido los dólares que les fueron adjudicados mediante las subastas. “Tras la tragedia de Amuay, muchos negocios se vieron obligados a cerrar, por lo tanto gran parte de esa población depende prácticamente de los comercios del puerto libre, pero éstos están parados porque no tienen mercancía, situación que ha puesto en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo”.
Explica que ya han pasado más de dos meses desde que se hizo la subasta para la adquisición de divisas y aún la empresas no han recibido ni un dólar y además desconocen tanto la cantidad asignada como la tasa de cambio en la que fueron calculados. “El Banco Central de Venezuela no ha publicado ninguna información al respecto, porque al hacerlo, según sus directivos, se estaría cometiendo ilícito cambiario”.
Entre las cargas fiscales que cada vez se incrementan y la imposibilidad de acceder a las divisas, el panorama para los trabajadores es cada vez más difícil porque las empresas son afectadas en sus márgenes de ganancia y productividad.
