La Gran Misión Vivienda Venezuela denota una serie de fallas y casos de corrupción en el seguimiento de los procesos de gestión y el destino de las inversiones por parte del Estado venezolano para garantizar el acceso a un techo a cada una de las familias que más lo necesitan en el país.
Para conocer más sobre esta realidad, Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, visitó la sede de EL IMPULSO para compartir la labor que ha estado realizando a nivel nacional con la asesoría de la organización Transparencia Internacional, a fin de hacer seguimiento a la iniciativa de solución habitacional que impulsa el gobierno nacional.
Programa habitacional débil
En este sentido, De Freitas explicó que sólo cuando la extensión de la ONG que ella preside en el territorio nacional, comenzó a trabajar con otros capítulos de América Latina, se enfocó la Misión Vivienda desde la perspectiva de programas sociales, con el apoyo de consultores expertos en mediciones de este tipo de iniciativas.
“Se implementó una metodología que ha permitido un acercamiento sistemático al análisis de este tipo de programas, el cual consiste en recorrer las ocho etapas en las que se puede desagregar dentro de un programa social.
De esta manera, comparamos cada una de las etapas con respecto a la buena práctica esperada, es decir, buscamos lo que debe ocurrir en la fase de focalización del programa, así como las referentes a ingresos, gestión y transferencia, ya que la mayoría de los programas sociales exitosos en América Latina son de transferencias económicas condicionadas y han logrado sacar a mucha gente de la pobreza, mediante datos objetivos, para que se sumen a la clase media, tal como ha ocurrido en Brasil”, señaló, destacando que no basta con mejorar indicadores de pobreza, pues también hay que transformar a las familias y darles la oportunidad de ser individuos que construyan sociedades en la clase media, aportando con sus ingresos e impuestos, así como con sus quejas y exigencias.
“En cada etapa evaluamos cuán cerca está la Gran Misión Vivienda de esa buena práctica”, señaló, aclarando que en el caso de este programa aún se está muy lejos de cumplir la meta. “Lo más cerca que estamos es 1 sobre 5, es decir, estamos muy mal”, acotó, explicando que hay una serie de factores que definen a la Misión Vivienda como un programa muy débil.
Origen de Misión Vivienda
“Se supone que la Gran Misión Vivienda estaba destinada a los damnificados de las lluvias de 2010, los cuales sumaban 32 mil familias que eran prioridad”, señaló, añadiendo, sin embargo, que es necesario recordar que un programa social debe adaptarse a un público objeto, y para eso deben establecerse tiempos de ejecución, recursos y necesidades específicas. Es decir, hay una serie de características que debe tener cualquier proyecto que se aplica a una población vulnerable, a la vez que deben definirse los indicadores que permitan evaluar el éxito de la iniciativa.
En este sentido, agregó que e Gobierno nacional inventó un censo, por lo que el número de beneficiarios del programa pasó de 32 mil a 3 millones 700 mil familias, según datos oficiales de 2012, cifra en la cual se habrían incluido núcleos familiares en condiciones totalmente diferentes.
“La Misión Vivienda definió una serie de metas para el 2017, y luego volvió a aumentar la meta para el 2019, pero no hay ninguna norma o procedimiento escrito que les permita a ellos trabajar y a nosotros conocer cómo se lleva la gestión”, arguyó, insistiendo que el programa presenta una gran debilidad al no estar bien focalizado en el área de ingresos, lo que se traduce en grandes riesgos de corrupción, ya que terminan beneficiadas familias que realmente no están en situación de vulnerabilidad”, dijo.
La también historiadora advirtió que el problema es tan grave que cualquier funcionario puede aprovecharse de la mala gestión de este programa social para asignar posiciones a cambio de pagos.
Otro aspecto preocupante, es que el proceso de verificación de ingresos consistió en contratar una larga lista de fiscales, quienes sólo en un mes evaluaron los casos de las 3 millones 700 mil familias, pero nunca se ha sabido quiénes eran esos fiscales, por lo cual también ha sido imposible vigilar el cumplimiento de sus tareas.
“No existe un programa anticorrupción”, aseveró, precisando que tampoco se dispone de información sobre las bases de gestión de la Gran Misión Vivienda.
Sin rastros administrativos
La vocera de Transparencia Venezuela indicó que no se dispone de un solo contrato con empresas que hayan firmado para construir, al tiempo que tampoco se conocen los criterios para elegir los espacios destinados a las obras de construcción. “Además, en nuestras investigaciones, hemos encontrado 25 tipos diferentes de vivienda, en cuanto al metraje, y no hay homegeneidad en el proceso para seleccionar uno u otro diseño, ni quién se encarga de eso.
Asimismo, no se tiene acceso a las propuestas de las empresas”, puntualizó, agregando que llama mucho la atención los privilegios que se han otorgado a empresas de ochos países aliados del gobierno venezolano, para la construcción de las viviendas. “Sólo sabemos que están amparados por convenios internacionales. Estamos hablando de China, Irán, Bielorrusia, Rusia, Turquía, España, Portugal y Brasil”, comentó.
El problema, aclaró De Freitas, es que se ignora el proceso de licitación de las empresas de esos países para participar en el programa. Sin embargo, sí se sabe de denuncias importantes, como la del alcalde de Moscú, quien dijo en su momento que la empresa de su país que estaba construyendo en Venezuela, la cual se suponía que estaba ligada al gobierno municipal moscovita, en realidad no tenía nada que ver con la alcaldía de la capital rusa. “Desafortunadamente no ha sido posible conocer las conclusiones de esas denuncias, o si han sido procesadas o no”, puntualizó.
Baja calidad de urbanismo
En cuanto a los niveles de calidad en la planificación y construcción de los proyectos habitacionales, la directora ejecutiva del organismo internacional en el país expresó que hay indicios e informes suficientes para dudar que muchas de esas construcciones cuentan del urbanismo mínimo.
“Esto atenta contra los beneficiarios, porque reciben una vivienda que, en ciertos casos deben pagar en algún porcentaje, resulta que la casa no tiene agua, ni luz, ni cloacas, entre otros servicios, lo cual no les resuelve el problema”, indicó.
De Freitas insistió que la enorme cantidad de fondos públicos invertidos en el programa, exigen una auditoría especial. “La Contraloría General de la República debería crear un departamento específicamente para hacer seguimiento a programas sociales, especialmente para la Misión Vivienda. Sin embargo, en el informe de gestión de la Contraloría de 2012, presentado este año, sólo se mencionan los programas Madres del Barrio y Misión Sucre. Por otra parte, el Gobierno invierte mucho en propaganda para estos programas sin estipular cómo lo hace o distribuye los fondos”.
Gestión inoperante
Refiriéndose a las características de gestión de la Gran Misión Vivienda, De Freitas explicó que no hay separación entre el proceso de ejecución y los de verificación, validación, revisión y control. Es decir, dentro del programa todos se dedican a todo. “En el organigrama de la Gran Misión Vivienda figuran el Presidente de la República como presidente del programa, a la vez que son coordinadores el presidente de Pdvsa y varios ministerios aparte del de Vivienda y Hábitat.
En fin, participa un gran grupo de instituciones públicas relacionadas que desvirtúan la posibilidad de un sistema de seguimiento y cumplimiento de metas. Por lo tanto, no hay a quién pedirle cuentas. Hemos revisado todos los informes de los ministerios y ninguno presenta rendición de cuentas. Se supone que en 2008 y 2012, la misión ejecutó 26 millardos de bolívares, mientras que para 2013, se le asignaron del presupuesto nacional 38 millardos adicionales”, dijo.
Perfil
Aunque historiadora de profesión, Mercedes de Freitas siempre ha tenido un ávido interés en problemas urbanos, municipales y comunitarios. Como estudiante, especialmente en la universidad, manifestó esta inclinación con diversas actividades extracurriculares y cursos. Es durante su labor con iniciativas como Queremos Elegir y Mirador Democrático, que entra en contacto, en 1998, con un programa de Transparencia Internacional sobre la evaluación de gasto en campaña de los candidatos presidenciales venezolanos, lo que la llevó a lograr un vínculo formal con la ONG. Como la lucha contra la corrupción requiere una base variada de apoyo, tras un proceso de reingeniería de Mirador Democrático, en 2003 esta organización adopta el nombre de Transparencia Venezuela.
