Leyes y decretos ¿útiles?

Ya no sabemos los venezolanos, o en general todos los residentes en el país, excepto, tal vez, si son cubanos, si es conveniente o no que tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo, dicten leyes o decretos dirigidos (en teoría) a corregir o sancionar alguna práctica ilegal o perjudicial en su criterio, porque los resultados, en el 99% de los casos, se convierten en un verdadero “arroz con mango”, que lejos de mejorar la situación, solamente crean un manantial de prácticas corruptas, desorden, desconocimiento del ciudadano sobre los alcances perseguidos, perjuicio del hombre honesto con, en muchos casos, evidentes ventajas para el delincuente o al menos deshonesto.
Por ejemplo: La ley de “Desarme”. Presentada como una solución posible a la increíble proliferación de la inseguridad pública a nivel nacional. A tal efecto dedica la mayor parte de su estructura a sancionar, con penas de cárcel y/o multas de alto monto, a los ciudadanos que posean armas… ¿A cuales ciudadanos, a los honestos o a los malandros? Porque los delincuentes, que yo sepa, jamás han tenido portes de armas ni, por supuesto, van a entregar dichas armas pacíficamente porque así lo dicte una ley que a ellos les importa muy poco, o mejor dicho nada. Es decir que quienes deben entregar las armas son los pobres mortales que, con muchos sacrificios seguramente, las han adquirido, aun en contra de su voluntad, para intentar salvaguardar la vida de familiares, o la suya misma, y sus bienes obtenidos con años de trabajo y que, siendo esta protección responsabilidad de las policías y otros medios en poder del gobierno, evidentemente no llenan este cometido.
Recientemente se publicó un desdichado incidente cuando, en Quibor, un honesto ciudadano se encontraba haciendo un depósito en su cuenta bancaria y un asaltante lo encañonó exigiéndole la entrega de todo el dinero, este hombre no pudo, o no supo, controlar su justificada rabia ante el atropello y esgrimió su propia arma para defenderse, con la mala suerte de que aun cuando logró herir a uno de los asaltantes, él resultó muerto. Y yo me pregunto: ¿si el caso hubiese sido al contrario, que el muerto fuera el delincuente? O, simplemente, que él también hubiese quedado vivo- ¿Qué pasaría entonces? Tendremos que suponer que a este honesto ciudadano le impondrían una abultada multa y quien sabe cuantos años de prisión por haberse defendido, por tener un arma “ilegítima”. ¿Y es que el arma del ladrón no era también ilegítima? Pero no, este delincuente solamente debe esperar a que se realice una operación cayapa en su penitenciaría y lo dejen libre ¿Qué tal?
En resumidas cuentas esta nueva ley lo que está logrando es que desarmen a toda la gente honesta para que ellos, los ladrones, puedan “operar” con más tranquilidad y seguridad sabiendo que no corren peligro, salvo la posible intervención de la policía a la cual, está visto, no le tienen ningún temor. Si ya la Ley de Porte de Armas existe desde hace mucho tiempo, no inventen otra, solamente háganla cumplir, básicamente ante los malandros.
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