El presidente Nicolás Maduro en repetidas oportunidades ha afirmado que el gobierno garantiza la soberanía alimentaria en el país.
Por su parte el ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, en una entrevista publicada en Noticias 24, define soberanía alimentaria como “la capacidad que tiene un país para producir alimentos que mantienen a una población funcionando y correctamente alimentada, sin dependencias”.
Sin embargo para algunos productores agropecuarios tal afirmación forma parte de una campaña política.
“¿Cómo podemos hablar de soberanía alimentaria cuando el 80 por ciento de lo que nos comemos entra por los puertos de La Guaira y Puerto Cabello?”, se pregunta Fandor Quiroga, productor del estado Yaracuy y presidente de Fedecámaras en ese estado.
“En 9 años han cerrado 17 mil empresas productoras en el país, proceso que se intensificó desde el 2010 para acá, año en el que se nacionalizaron varias empresas entre esas Agroisleña”, alerta el líder gremial al tiempo que resalta que resisten la situación unas 7 mil empresas que están trabajando al 48 por ciento de su capacidad, es decir un 52 por ciento está ocioso por falta de materia prima.
La nueva Agropatria, a pesar de que según el ministro Gil incrementó la capacidad de distribución de insumos agrícolas de 170 a 600 mil toneladas anuales para atender de 87 a 400 mil productores, “la verdad es que no garantiza a tiempo el suministro de herbicidas, fertilizantes, y semillas. En mi caso particular que siembro maíz, para la última siembra no pude obtener suficientes insumos y en lugar de sembrar 400 hectáreas, he tenido que sembrar 100”, comenta Quiroga.
En Yaracuy el promedio de la cosecha de maíz estaba en 4 mil 800 kilos y el año pasado cerró en 500. Y en el caso de la leche se deberían producir 300 mil litros y se llega a 75 mil porque en lugar de diariamente ordeñarse 60 mil vacas, se ordeñan 20 mil.
Con ese nivel de producción las empresas no aguantan un año más. Se les hace cuesta arriba invertir, y cumplir el pago de las nominas y las obligaciones fiscales.
Por su parte Julio Anzola, productor con más de 30 años en el sector industrial, indica que en rubros en los que Venezuela se había posicionado como gran exportador, como es caso del arroz y el café, hoy toca importarlos en grandes cantidades.
Igual sucede con la carne. En el año 1998 se producía el 98 por ciento de lo que se consumía en el país y hoy se importa casi el 60 por ciento.
Otro caso es el del azúcar. Recientemente los cañicultores rechazaron la importación de 60 mil toneladas provenientes de Bolivia porque la medida atenta contra la producción y operatividad de las procesadoras locales.
“Con estas políticas de importación lo que se está haciendo es beneficiar a los productores extranjeros”.
Si bien a juicio de Anzola, la nacionalización de ciertas empresas no ha generado el desequilibrio productivo, considera que la intervención de Agroisleña si ha influido.
“El gobierno no conocía la magnitud de la función que cumplía esa empresa en la actividad agropecuaria del país. No solamente vendía productos para el sector, sino que también financiaba a pequeños y medianos productores. Actualmente el acceso a los insumos y créditos está restringido y condicionado a la posición política del consumidor”.
Comenta como ejemplo que de ciertos herbicidas solo venden tres litros, cantidad que alcanza para fumigar apenas media hectárea. “Las empresas intervenidas como Agroisleña y Lácteos Los Andes, se han ido al fracaso. ¿Que pasó con los Fundos Zamoranos y su contribución al incremento de la producción? Aquí lo que hay es un marcado declive que ha dejado sin empleo a casi 200 mil trabajadores del campo”.
A juicio de ambos expertos, estas experiencias de nacionalización no se deben seguir repitiendo.
“Está comprobado que dan malos resultados y van a terminar de destruir el aparato productivo, generando más desempleo y desabastecimiento”, acota Anzola.
Ante un futuro nada alentador manifiestan el interés de dialogar con representantes del gobierno para buscar una solución que beneficie al productor, al trabajador y a las familias y lograr una verdadera soberanía alimentaria.
7 mil trabajadores de Lácteos Los Andes en tensión
Una comisión de 300 trabajadores de Lácteos Los Andes intentará reunirse el lunes en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para pedirle la intervención de la empresa.
“Hace como dos meses hablamos con el vicepresidente Jorge Arreaza y quedó en venir a la planta y por acá no le hemos visto la cara todavía”, así lo hizo saber Raúl Rodríguez, presidente del tribunal disciplinario de del sindicato de la empresa.
Los trabajadores manifiestan estar muy preocupados por el deceso de la producción la cual contradice las cifras anunciadas por el Ministerio de Alimentación, las cuales indican que en el mes de julio
cerró con un incremento de 15,40% en la producción.
“Las cavas están vacías. La escasez de materia prima se acentúa y la producción baja. Nosotros manejábamos el 40 por ciento del mercado lácteo del país y hoy estamos haciendo unos jugos con pulpas de frutas importadas que de paso las compran prácticamente dañada. La cavas están vacías y no vemos interés por reponer los insumos”.
Temen por el destino de los 7 mil trabajadores que tiene la empresa a nivel nacional y esperan una respuesta oportuna por los directivos.
“Los gerentes han sido incapaces de darnos la cara. Pareciera que lo que quieren es desestabilizar la empresa hasta llevarla a la quiebra”.
Recuerda entonces al expresidente Chávez. “El comandante siempre hizo énfasis en que las empresas nacionalizadas serían manejadas por los obreros. Vamos para cinco años nacionalizados y lo único que habido es un desfile de gerentes colocados por el Ministerio de Alimentación, que llegan, se llenan los bolsillos y los ubican en otras empresas. La verdad no entendemos esta revolución”.
Hasta la fecha, si bien no ha habido atrasos en el cumplimientos de los compromisos laborales, han sido afectados al no poder contar con el seguro médico que depende del fondo de salud, porque están endeudados con varias clínicas. Asimimo les urge renovar la contratación colectiva vencida desde hace tres años.
“Desde el sindicato hemos hecho todos los trámites requeridos antes las distintas instancias competentes, pero a pesar de ello la gerencia alega que no hay dinero y no se puede hacer más nada”.
