El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que la divulgación de fotos privadas del dirigente de Primero Justicia, Oscar López, son una violación de su dignidad y su derecho al debido proceso.
Acusó al Ministerio Público por esta desviación, al no proteger debidamente la información obtenida en el marco de un proceso de investigación penal.
“La Fiscalía y los cuerpos de investigación policial deben resguardar la cadena de custodia, es decir, que las evidencias recopiladas, por ejemplo, de una allanamiento no sean sustraídas o modificadas o destruidas, y además el Ministerio Público es quien debe garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales”, manifestó el abogado en el marco de una rueda de prensa convocada este jueves.
Las fotografías en referencia, que muestran a López en una celebración con un grupo de amigos presuntamente de tendencia homosexual, fueron mostradas por diputados del PSUV durante la sesión del pasado martes, con el propósito de «humillar, intimidar y violar derechos constitucionales».
La divulgación de este material personal, que fue utilizado para acusar a Primero Justicia de mantener una red de prostitución, ocurrió una semana después del allanamiento practicado a la residencia de López, quien es investigado por supuestos actos de corrupción. De ese operativo sustrajeron equipos de computación y celulares, los cuales serían la fuente de las fotografías.
«Lo más oscuro»
Para Romero es evidente que la filtración de información personal que debía ser resguardada por el sistema judicial obedece a voluntades políticas. Condenó una vez más que se utilice el proceso penal para perseguir al adversario.
“Esto no es más que una macabra, grotesca y evidente irrupción inconstitucional en un procedimiento de investigación, y no es más que una muestra de la motivación política que tiene ese procedimiento”, afirmó el penalista.
“Estamos cayendo en la oscuridad al usar la justicia como arma política y de humillación de la dignidad humana”, alertó además.
Finalmente, el director del FPV exigió que se realice una investigación para establecer la responsabilidad de quien o quienes permitieron la desviación denunciada.
