Para la dirigencia del partido Voluntad Popular, detrás de la sanción del nuevo proyecto de Ley de Cultura se esconde la intención de centralizar y poner una mordaza a la actividad cultural en el país.
“Hemos venido analizando, dentro de lo que ha sido el espacio mínimo de debate que ha tenido esta Ley de Cultura, las connotaciones que tiene tanto para los creadores culturales como para quienes consumen la cultura”, dijo José Alberto Gil, dirigente regional del partido y expresidente de Concultura.
La amenaza directa del proyecto sería a los gabinetes de cultura, que actualmente existen en cada estado del país, los cuales en la actualidad están colapsados, no sólo desde el punto de vista financiero sino desde la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos.
La aprobación de la nueva ley dificultaría aún más la gestión de los cultores, quienes deberán regirse por una ley aprobada de manera unilateral por el Gobierno nacional.
“¿Vamos a seguir permitiendo que este Gobierno autoritario siga poniendo una mordaza a los creadores culturales, como lo hizo con los medios de comunicación, a través de instrumentos como la Ley Resorte?”, expuso.
Gil considera que el papel del Estado dentro del proceso de creación cultural debe ser el de un ente regulador de la actividad y no un fiscalizador que designe a quienes deben decidir qué es lo que se debe crear.
“La cultura no puede ser excluyente, como se pretende hacerla a través de este proyecto de ley. La cultura es variedad, y no me pueden decir que no soy un creador cultural porque no estoy ceñido al proceso revolucionario y socialista”, argumentó.
Asimismo, Voluntad Popular critica que en lugar de dar estímulo a la participación del sector privado en la cultura, se le trata de una manera inquisitoria, ya que en lugar de darle opciones para la inversión de sus utilidades netas, se les impone el pago del uno por ciento de sus ganancias al Fondo Nacional de la Cultura.
“Este organismo no tiene claro un criterio de distribución equitativa ni jerarquización por prioridades para distribuir los recursos. Queremos ponernos en el lugar de los empresarios privados, quienes verán afectadas sus utilidades sin saber de qué forma contribuyen a la cultura venezolana”, afirmó Gil.
Por último, el dirigente indicó que la iniciativa para transformar la actividad cultural debió ser sometida a la consideración de todos los sectores, además de garantizar su libertad de creación sin atarlas al pensamiento político del Gobierno nacional.
