Toda esta campaña contra la corrupción que Nicolás Maduro despliega, tratando de recobrar alguna legitimidad y darle algún piso político a su gobierno, desde el punto de vista de la opinión pública, donde se encuentra muy maltrecho, evidentemente tiene fines de propaganda, políticos electorales y puntivos para tratar de sacar del camino a sus adversarios políticos.
Tal criterio es sustentado por el Dr. Rafael Simón Jiménez, abogado, historiador, ex parlamentario y analista político, quien al respecto fue consultado por EL IMPULSO.
-Cuando aquí se plantea una investigación, ésta debe ser imparcial con un Poder Judicial que sea decoroso, digno, independiente, que no es el que tenemos hoy.
Intención de juzgar
Con la intención de juzgar los delitos contra el patrimonio público que había cometido la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se creó una Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito.
Esa comisión fue fundamentalmente de carácter administrativo, que tenía por objeto instruir los expedientes de los que aparecían como los peculadores más notorios.
El Código Penal de entonces establecía para el peculado, que era casi el único delito que estaba previsto y significaba apropiarse directamente de cantidades del patrimonio público, una pena pequeña y por eso el dictador Pérez Jiménez cuando fue extraditado de los Estados Unidos a Venezuela, la Corte Suprema de Justicia le impuso la sanción de 5 años y 2 meses de prisión, ya que él había cumplido porque estaba preso. No existían instrumentos legales que permitieran sancionar delitos distintos al peculado.
La primera ley
Al peculado siguieron todos estos nuevos delitos de las comisiones, testaferros, intermediarios, presta-nombres, ventajas por el otorgamiento de contratos, prebendas y dádivas.
Esos delitos no estaban previstos en la legislación penal, ni tampocodentro de las facultades que le fueron asignadas a la Comisión contra el Enriquecimiento Ilícito.
Se comenzó a hablar de una Ley Orgánica del Patrimonio Público y un tribunal especial para castigar a los ladrones.
Esa campaña se emprezó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque esa fue la época del reventón de los recursos venezolanos, cuando se multiplicó el ingreso petrolero y comenzaron a multiplicarse también los hechos dolosos.
Recuerdo el famoso discurso de Luis Piñerúa Ordaz con el cual señaló a los doce apóstoles, que eran los factores que tenían demasiada prominencia en el manejo de los dineros del Estado.
Piñerúa, que era un dirigente al cual podían atribuírsele muchos defectos, pero que era honesto y muy empeñado en la persecución de la corrupción, logró en 1977 ó 1978 la aprobación de esa ley de salvaguarda del patrimonio público y se creó el tribunal respectivo, que llegó a presidir un hombre muy honesto que había sido militante de Acción Democrática en la clandestinidad y después se fue al MIR: Silvestre Ortiz Bucarsal.
Esa ley incorporaba una serie de delitos y establecía un criterio, que si hoy lo aplicáramos, no habría un solo funcionario del gobierno que saliera indemne de él: la llamada renta presunta.
Rómulo Betancourt, que fue otro hombre obsesionado en la luchas contra el latrocinio y los delitos contra el patrimonio público decía que si bien era cierto que era difícil capturar la mano que roba, era muy fácil identificar la mano que gasta; es decir si un funcionario público tenía un sueldo modesto y llevaba una vida de lujo, era evidente que aquellos recursos no los había obtenido de manera lícita.
A partir de ahí se estableció también la obligación de declarar el patrimonio cuando se entra a un cargo público y se sale del cargo.
Abundancia de leyes
En Venezuela hay abundancia de leyes, afirma. No hace falta un solo instrumento más. Y las leyes son, si se quiere, draconianas.
La Ley de Contraloría le asignó al contralor general de la República el polémico artículo 105, que le da la facultad para inhabilitar hasta por 15 años a quien haya sido sancionado en instancia administrativa.
Para muchos tratadistas y conocedores del derecho, incluido yo, es algo que se extralimita y viola la Constitución porque ésta y las leyes penales dicen que sólo por sentencia definitivamente firme puede imponerse la pena de inhabilitación. Esa facultad se ha implementado con criterio punitivo político, para sacar del juego a muchos dirigentes, entre los cuales figura Leopoldo López.
¿De qué hechos de corrupción hablamos?
Cualquier persona que sea señalada de haber hecho irregular debe ser investigada por un Poder Judicial y un Ministerio Público, que merezcan credibilidad y lo que está consagrado en la Constitución, desde el punto de vista del debido proceso, de la presunción de inocencia, del juicio en libertad, expresa el Dr. Rafael Simón Jimnénez.
Cuando se habla de corrupción, ¿de qué corrupción se está hablando? De quince años de gobierno.
En Venezuela ha penetrado el dinero del narcotráfico. También dinero no santo, de actividades delictivas.
Si Maduro quiere ir al fondo en materia de corrupción contra la cosa pública y con financiamiento indebido, comienza por investigar lo que es obvio. Por ejemplo, Walid Makled, que tiene cierto tiempo preso en el Sebin, hizo unas denuncias muy bien fundamentadas. Habló de una lista de civiles y militares, a los cuales él tenía en su nómina y les había dado grandes beneficios por prestarle favores a él.
Concretamente, se refirió a un hermano del hoy gobernador de Aragua y entonces ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami, a quien le había hecho un depósito de 18 millones de dólares en su cuenta bancaria.
Entonces, ¿por qué se le va a caer encima a dos o tres dirigentes de la oposición, acusándolos de tener financiamiento no santo, sin determinar el origen del financiamiento cuando tienes en tu tolda política, hechos que han sido confesados? Porque Makled está ahí y dio declaraciones a funcionarios de organismos de investigación como la DEA, de los Estados Unidos, y al DAS colombiano. Sólo se puede creer en Maduro cuando ordene investigar la lista Makled. Porque su campaña busca quitar del camino a competidores políticos.
