El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que pedirá a la Asamblea Nacional poderes especiales para hacer algunas reformas legales que permitan llevar al nivel de pena máxima de 30 años de prisión los delitos de corrupción.
La pena máxima en Venezuela es 30 años de cárcel.
El gobernante expresó en una cadena de radio y televisión durante un acto en un teatro capitalino que necesita los poderes especiales para enfrentar la corrupción, que consideró un «monstruo de mil cabezas».
A comienzos de semana, Maduro indicó que llamaría a una emergencia constitucional y que pediría poderes especiales para reformar varias leyes sobre la corrupción.
La oposición sostiene que Maduro no puede recibir en este momento de la Asamblea Nacional poderes especiales para legislar, por la vía de una ley habilitante, debido a que el oficialismo solo cuenta con 98 diputados, y se requieren 99 votos, según lo previsto en la Constitución. La oposición tiene 67 diputados.
Maduro, quien se identifica como el hijo político del fallecido Hugo Chávez, dijo el jueves que como parte del plan de combate a la corrupción se están desarrollando investigaciones sobre un nuevo grupo social de ricos, a los que llama «boliburgueses», a los que acusa de haber ganado grandes fortunas en los últimos años gracias a lucrativos negocios con el Estado.
«Hay varias líneas de investigación… porque no vamos a permitir el surgimiento de una boliburguesía», indicó el mandatario al reconocer que no permitirá que ese grupo surja dentro de la revolución porque representa el «metabolismo diabólico del poder político del capital».
El líder opositor Henrique Capriles desestimó el martes pasado en su programa de televisión por internet que Maduro quiera llamar a una emergencia constitucional y pida poderes especiales para combatir el manejo irregular de fondos públicos.
«A ustedes no les parece raro que, cuando estaba el presidente Chávez, nunca abrieron este debate, y ahora hasta declararon emergencia nacional para evitar la corrupción en la administración pública. Ahora piden superpoderes y crean estas cortinas de humo para poder repartirse el botín entre ellos mismos», indicó el Capriles al rechazar las acciones que han emprendido las autoridades contra algunos miembros de su organización política.
Maduro lanzó en junio un plan de combate a la corrupción y como parte de ese proceso han sido detenidas unas 64 personas en las últimas tres semanas, informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Entre los detenidos están Carlos Sánchez Atencio, jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria de la terminal portuaria del estado costero de Vargas, encausado por legitimación de capitales y asociación para delinquir; Tryno Martínez Calderón, director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, procesado bajo cargos de extorsión y porte ilícito de un arma de fuego.
Ortega Díaz dijo el jueves a la prensa que fue acusado por el ex gobernador oficialista del estado central de Guárico, Luis Gallardo, y cinco ex funcionarios de su equipo de gobierno, por los delitos de peculado doloso propio, violación de procedimientos de licitación, malversación específica de fondos públicos y concierto de funcionario público con contratista.
El gobierno ha usado el plan de combate a la corrupción para intensificar sus ataques contra la oposición.
A finales del mes pasado, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional le retiró la inmunidad al diputado opositor Richard Mardo para abrirle el camino a la Fiscalía General para investigarlo por los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
El oficialismo ha acusado a Mardo, quien se ha declarado inocente, de incurrir en hechos de corrupción a pesar de que el diputado nunca ha manejado fondos públicos desde que fue electo en el 2010.
Las autoridades ordenaron el 7 de agosto la detención y el allanamiento de la vivienda de Oscar López, director de despacho de la gobernación del estado central de Miranda, que dirige Henrique Capriles.
Las autoridades no han informado sobre el proceso iniciado contra López, quien aún no ha sido detenido.
Unos diputados oficialistas presentaron durante la sesión legislativa del 13 de agosto unas fotografías de López, sin precisar de dónde las obtuvieron, en las que aparentemente se ve al funcionario con vestimentas de mujer y acompañado de algunos hombres.
Los oficialistas señalaron a López de mantener una red de prostitución.
