Dictamen – El legado de Chávez según Maduro: la corrupción suprema

Mientras escribo este artículo, se anuncia por twitter un nuevo show en la Asamblea, una nueva inquisición, un nuevo linchamiento político. La dupla hamponil de Diosdado Cabello y Pedro Carreño han sustituido de facto al Contralor General de la República que ha debido designarse por la propia Asamblea. En Venezuela no hay Contralor desde hace dos años que murió Clodosbaldo Rusián y el PSUV no ha querido designar uno nuevo porque no tiene los votos suficientes para hacerlo unilateralmente. En vez de cumplir la Constitución, han preferido sustituir la figura del CGR por una comisión inquisidora encabezada por el asalta cantinas de Pedro Carreño manejado a control remoto por el burócrata más cuestionado moralmente de la revolución, Diosdado Cabello. ¿Y así pretende Maduro luchar contra la corrupción? Mientras Diosdado Cabello y Pedro Carreño sean los Contralores Interinos del Estado, no habrá nada que hacer. El primer paso en la lucha anticorrupción, si es real, debe ser la designación consensuada de un nuevo Contralor como manda la carta magna. Lo demás es persecución política con fines electoreros y tufo dictatorial cubano.
Ya poco importa lo que haya sucedido en el hemiciclo de la Asamblea esta semana. Un video, un correo, una grabación, un cheque, nada tiene sentido mientras sea procesado por Diosdado Cabello y sus secuaces. Es un episodio más de una mala novela protagonizada por unos diputados que no serían capaces de justificar ninguno los ingresos destinados a la compra de sus camionetas y viviendas. Violan la privacidad de las personas, el debido proceso, la presunción de inocencia, al tiempo que usurpan las atribuciones de poderes distintos como la Fiscalía, la Contraloría y los Tribunales. Es un golpe de Estado continuado, una farsa política, un abuso de poder, por parte de una bancada que llegó al parlamento siendo minoría. El día que Diosdado deje de ser el juez para convertirse en imputado, habremos comenzado el camino para combatir la corrupción verdadera, esa que se hace desde el gobierno con el mal manejo de los fondos públicos. No se trata de criminalizar los aportes privados a la oposición, sino de proteger el dinero del pueblo que es dilapidado cada día por quienes tienen quince años en el poder sin rendirle cuentas a nadie.
Pero lo más interesante de todo esto es la confesión de parte hecha por los voceros más calificados del Gobierno, de que el legado del “comandante supremo” no es otra cosa que una “corrupción suprema”. Hace una semana sacaron del aire el programa de Alberto Nolia que sustituyó a La Hojilla, por haber denunciado airadamente la corrupción de la GNB y de los recintos penales del país. Luego José Vicente Rangel escribió un artículo admitiendo que la corrupción hizo metástasis en Venezuela y que se hace necesario decretar una emergencia nacional para combatirla. Finalmente el propio Maduro suscribió la tesis del periodista amigo de Chávez anunciando la pronta declaratoria de un estado de excepción y hasta de una habilitante o reforma constitucional para poder combatir la corrupción. O sea, en palabras del “hijo de Chávez”, después de quince años de “revolución socialista” la corrupción es más fuerte que las instituciones del Estado al punto que hay que decretar un estado de emergencia nacional. Lo que están decretando es el fracaso moral de la revolución de Chávez. Aunque ninguno de esos tres personajes se salva a la hora de señalar culpables de la inocultable corrupción, sus palabras representan una confesión de parte histórica que revela la farsa de la moral socialista.
El hecho cierto es que en Venezuela la corrupción de este largo gobierno de quince años es la más atroz de su historia republicana. Ya nadie lo pone en duda, ni ellos mismos. El color de la corrupción en Venezuela es verde, por el caldo de cultivo que proporciona el control de cambio y el poder ilimitado de los militares que están haciendo lo que les da la gana ahora más que nunca. Desde el escándalo del Plan Bolívar 2000 hasta la fecha, la corrupción militar se ha desatado bajo el escudo del discurso de la “unión cívico militar” que no es otra cosa que militarismo corrupto y represivo. Ese es el legado de Chávez. El tráfico de armas en las cárceles, el contrabando a Colombia, el sobreprecio de los materiales de construcción y la desviación de los fondos petroleros, entre otros flagelos, son procesos controlados por unos militares que ahora se dan el lujo de comprar candidaturas en el PSUV. Claro, pero es más fácil poner preso a Mardo o cazar taritas en el Indepabis que destapar la olla en las FANB o enfrentar con dos riñones al capo mayor que se sienta en las alturas de la AN.
¿Estado de emergencia? ¿Poderes especiales? O gobiernas o renuncias. El tiempo no para y el 8 de diciembre hablará el pueblo.
Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.