La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que este jueves fueron acusados ante el Tribunal 2º de Control del estado Guárico el exgobernador Luis Enrique Gallardo, y cinco exfuncionarios de su equipo de gobierno, por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.
Así lo afirmó luego de la inauguración de la División de Peritaje Médico Forense del Ministerio Público y de las fiscalías 160° y 161° para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio con competencia en Defensa de la Mujer de Caracas, dependencias ubicadas en el Conjunto urbanístico Parque Central, Torre Este, parroquia San Agustín del municipio Libertador, Distrito Capital.
Ortega Díaz detalló que Gallardo junto al expresidente del Instituto Autónomo de la Vivienda, Leonardo Rodríguez; el exsecretario general de gobierno, Carlos Alfonzo Cerezo; el expresidente de la comisión de contrataciones de la gobernación, Ciro Pérez Pérez; el exconsultor jurídico, Nemecio Cedeño; y el exsecretario de Infraestructura, Argel Barrios, fueron acusados por los delitos de de peculado doloso propio, violación de procedimientos licitatorios, malversación específica de fondos públicos y concierto de funcionario público con contratista.
Igualmente, informó que la fiscal 84º con competencia nacional, Dizlery Cordero, fue comisionada para investigar presuntos hechos de corrupción en la empresa Suministros Venezolanos Industriales C.A (Suvinca), encargada de la entrega de vehículos.
Por otro lado, al ser consultada acerca de los hechos ocurridos en 2012 en la refinería de Amuay, la máxima representante del Ministerio Público afirmó que está investigación es muy compleja desde el punto de vista técnico.
Recordó que hubo 42 personas fallecidas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares; 120 lesionados y cinco personas desaparecidas.
En ese sentido, dijo que hasta la fecha se han practicado 412 entrevistas y 166 inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio, además hubo que practicar otras diligencias que eran útiles y pertinentes para la investigación, por lo que aún quedan 40 inspecciones.
Expresó que en la investigación han laborado más de 50 expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales; y de la Dirección de Gestión Social, quienes atendieron a los familiares de las víctimas.
