Para el diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, la declaratoria de emergencia contra la corrupcón no necesita poderes especiales para el Presidente de la República a catorce años de estar gobernando.
Considera ese planteamiento como una trampa con el objeto de meter de contrabando leyes que aparenten ser parte de la lucha contra la corrupción, pero que en el fondo son medidas para arreciar la persecución contra los factores de la unidad democrática, como por ejemplo, la modificación que le hicieron a la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Igualmente, como ocurrió en el pasado cercano con las leyes habilitantes concedidas al fallecido presidente Chávez, quien se aprovechó de las lluvias para que lo habilitaran y dictar leyes para esa emergencia, que extendió a todos los sectores de la vida nacional.
Si Nicolás Maduro, agrega Palacios, tiene tantos deseos de luchar contra la corrupción, por qué no empieza por pedir que lo investiguen a él y su entorno, porque ellos son responsables de las malversaciones y derroches de los recursos y bienes del Estadol cuando fue candidato presidencial.
Señala que si Maduro quiere proponer una lucha contra la corrupción tiene que empezar a limpiar los archivos de la Fiscalía y Contraloría General de la República donde existen cantidades de expedientes de denuncias por hechos irrregulares contra el patrimonio público no procesadas porque sus autores son los peces gordos de la revolución.
Otra medida rápida, indica, es pedirle a la Comisión de Contraloría de la AN, que está bajo control dell gobierno, como toda la Asamblea y otras instituciones, lleve a plenaria la modificación de la Ley contra la corrupción, que fue engavetada después de activada.
Igualmente, puntualiza, se puede desde la Presidencia de la República dictar decretos de austeridad para reducir el gasto corriente con el objeto de hacer una gestión más transparente que combata ell gasto superfluo y burocrático, así como reducir los viáticos y los excesivos gastos en publicidad y mantenimiento de costosos aparatos publicitarios.
Similar medida, afirma Palacios, debe ser la de reducir los gastos en viajes al exterior y limitar totalmente el uso de tarjetas de crédito con cargo al gobierno, no sólo del despacho presidencial sino también de su entorno, familiares y amigos del gobierno que viajan a costilla de los venezolanos.
También es fácil separar las actividades de los funcionarios del partido de gobierno de sus funciones político partidistas para evitar que bajo ese pretexto se utilicen los recursos públicos para las actividades proselitistas del gobierno.
También recomienda aprovechar el proceso electoral venidero para que el gobierno demuestre su decidido aporte a la lucha contra la corrupción manteniendo alejados a los candidatos del oficialismo del uso de los recursos y bienes públicos.
