Planteamientos – Expropiaciones: fracaso del socialismo

Las expropiaciones, en sentido amplio, constituyen un medio a disposición de Estado para llevar a cabo sus finalidades de carácter económico y social, mediante una decisión política fundamentada en el sistema jurídico e institucional de cualquier país.
En el caso venezolano, a lo largo de su evolución histórica, el proyecto de desarrollo económico que a su turno trataron de poner en práctica los diferentes gobiernos dejó abierta la posibilidad de dictar medidas de expropiación, cada vez que se consideró “necesario a los fines del país”, luego de tornarse irreconciliables los intereses en juego de los factores hegemónicos en el ejercicio del poder.
En el preámbulo de la confrontación política que marca los sucesos del 2002, la promulgación de las leyes para los sectores de: hidrocarburos, agricultura y pesca representaron un detonante en las relaciones Gobierno- Sector privado. Al iniciarse el segundo mandato, Chávez define el modelo de producción social como elemento estratégico de la construcción del socialismo para Venezuela. Constatado el fracaso del “boom cooperativista” sobre el cual se intentó desarrollar la economía social, se optó por la fórmula de las empresas de producción social, o de propiedad social como se les denominó luego, tuteladas por PDVSA y la CVG.
En ausencia de cifras oficiales precisas, los datos que aportan algunos registros de entidades del sector empresarial privado, indican que para el período 2005 – 2010, fueron expropiadas 1167 empresa. De ese total, 256 correspondieron al sector alimentos; 155 al comercio; y 78 al sector petróleo. Al término de los 13 años de esa gestión, se calcula en 1440 el número de fábricas, galpones y terrenos expropiados, incluyendo los sectores de la construcción y de la agroindustria.
El presidente Maduro, recientemente, en un balance de sus tres primeros meses de gestión, anunció: “Hemos logrado estabilizar la revolución”, además, aprobó la expropiación de un terreno (7,5 hectáreas de la finca Sol Naciente), en el municipio Biruaca, estado Apure, para la construcción de viviendas a 200 familias. Igualmente, decretó la adquisición forzosa de las empresas Sílices de Venezuela, C.A; y Calcinados de Oriente, C.A y sus filiales.
Tales medidas se producen en una coyuntura en la cual, Industrias Diana, una empresa expropiada en el 2008 y transferida al ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el 2010, se mantiene en conflicto desde hace más de 15 días, en protesta por la decisión de intervenirla, designando una nueva gerencia, a la cual consideran impuesta, sin consulta, por lo cual decidieron, entre otros aspectos: a) Solicitar que la persona que asuma la responsabilidad deba salir del propio seno de la empresa, garantizando la experiencia en la materia y la consecuencia con los postulados políticos del control obrero y de la revolución. b) No interrumpir, bajo ningún concepto la producción de la empresa para no lesionar la soberanía alimentaria de la República.
Igualmente, el pasado martes 30 de julio, la Asamblea Nacional, por intermedio de la Comisión de Finanzas aprobó una serie de créditos adicionales entre los cuales figuraron: 200 millones de bolívares para la Corporación Socialista del Cacao y 40 millones de bolívares para la Empresa Socialista Lácteos Los Andes.
Son detalles que para muchos funcionarios del alto gobierno pudieran parecer insignificantes, pero que vistos en el contexto señalado, desde el mismo momento en el cual se decidió implementar esa política pública, dentro de la estrategia gubernamental, la más elemental tesis de la planificación recomendaba el control y seguimiento de la misma. Incluso, cuando se anunció “el golpe de timón” y la consigna de “eficiencia o nada”, la medida se limitó a la asignación de tal tarea a la Secretaría de la Presidencia de la República, desproporcionada a todas luces, dada la magnitud, alcance, monto, complejidad, e intereses en juego, de aquella.
El fracaso de las expropiaciones habla del futuro del socialismo.