Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia criticaron el martes una enmienda constitucional y pidieron que su debate se incluya en la agenda del diálogo de paz que adelantan en esta capital con el gobierno colombiano.
El rebelde Pablo Catatumbo afirmó que «jamás nuestra contraparte en la confrontación consideró tomar en cuenta los planteamientos que tiene la insurgencia sobre el tema de la juridicidad o de los parámetros de la llamada transición a un estadio posterior a la firma de un acuerdo final de paz o, más aún, para la antesala de esa época».
En el comunicado de las FARC leído por Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, antes de entrar a una sesión de trabajo comentaron «si en realidad se busca la paz, el sólo sentido común indica que una conceptualización para tal construcción debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas».
El Senado colombiano aprobó en junio de 2012 una enmienda constitucional llamada «marco jurídico para la paz» en la que se establece que los actores del conflicto armado interno, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas y se firma la paz. Los beneficios también se extienden a agentes del Estado como militares y policías en acciones en el marco del conflicto armado, pero están exceptuados de recibir esos beneficios los autores de delitos de lesa humanidad.
La Corte Constitucional está analizando dicha enmienda y debe pronunciarse sobre ella a fines de agosto, explicó Catatumbo.
Para las FARC, si el «marco jurídico para la paz» no se lleva a la mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos establecida en noviembre, sería un freno para el éxito del proceso de paz.
«Esa iniciativa unilateral del gobierno que hoy debate la Corte Constitucional ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se han comprometido las FARC», sentenció Catatumbo.
La nueva demanda rebelde de incluir la reforma constitucional en la agenda de negociaciones se suma a otras enunciadas en los últimos días y que abarcan desde impulsar una reforma al sistema judicial colombiano hasta el otorgamiento directo de escaños en instancias parlamentarias.
Tales exigencias, en opinión del abogado de derechos humanos Camilo Sánchez, miembro del no gubernamental DeJusticia en Bogotá, son una forma de abrirle espacio a su vieja demanda de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, opción negada por el gobierno.
«Los rebeldes dicen como son tantas cosas (las que hay que reformar) deberíamos hacer una reforma a la constitución integral, mediante una Asamblea Constituyente donde participe todo el mundo . Eso creo es lo que están diciendo las FARC» con su seguidilla de propuestas, indicó Sánchez en diálogo telefónico con la AP.
«Lo que buscan en general las FARC con este pronunciamiento es irle abriendo más espacio a su idea de una reforma integral de la constitución «, indicó.
Añadió que en el tema del llamado marco jurídico para la paz «las FARC están equivocadas» porque es apenas el primer paso, el segundo es elaborar una ley en la que se defina el meollo del asunto jurídico: quiénes serían beneficiados por eventuales beneficios legales y bajo qué condiciones, entre otros.
Federico Renjifo, actual ministro de Minas quien era ministro del Interior en junio de 2012, aseguró en ese momento ante el Congreso que la enmienda no era «un marco para la impunidad» como han asegurado algunos activistas de derechos humanos.
En la mesa de conversaciones los representantes del gobierno colombiano y la organización rebelde discuten una agenda inicialmente pactada que incluye seis puntos. El primero concluyó con un acuerdo agrario después de seis meses de conversaciones. En la actualidad las charlas son sobre el segundo punto que trata el tema de la participación política.
