El Tribunal 3° del estado Anzoátegui ordenó la desocupación y desmantelamiento de todas las infraestructuras que funcionan como establecimientos recreacionales en la Isla La Tortuga, Territorio Insular Miranda, que pasarán a la disposición del Ministerio de Turismo.
La medida, dictada el pasado 2 de agosto, corresponde a una solicitud del Ministerio Público. Afecta a una posada de nombre “Yemaya”, así como a otras rancherías y viviendas que eran alquiladas con fines turísticos, todas ellas al margen de las normas ambientales.
En este sentido, el despacho judicial decretó la ocupación temporal de los espacios por parte de los funcionarios adscritos al Ministerio del Turismo, «hasta tanto se diseñe el proyecto de desarrollo turístico para la referida dependencia federal», señala un comunicado del Ministerio Público.
Así mismo, el juez designó a dichos funcionarios como depositarios judiciales y garantes de los enseres, muebles y objetos que se encuentren en dichas estructuras, quienes deberán realizar un inventario pormenorizado y registro fotográfico, hasta tanto sean entregados a sus respectivos dueños.
Propietaria imputada
De acuerdo con lo informado por la institución que canaliza estas acciones judiciales, la orden fue antecedida por una inspección in situ efectuada el pasado 14 de julio por la fiscal 88° nacional con competencia ambiental, Luz Hernández, y representantes de los ministerios para el Ambiente y de Turismo, por Cayo Herradura y Playa Caldera, que forman parte de la isla.
Tras observar en recorrido aéreo una gran cantidad de desechos sólidos y embarcaciones, los funcionarios se dirigieron a la posada «Yemaya», de donde resultó que el establecimiento no tenía la permisología para la afectación de recursos naturales y ocupación del territorio. Tampoco contaba con el permiso para funcionar como operador turístico, tales como registro turístico nacional, licencia de turismo, o solicitud de renovación, oficio de notificación de tarifas, registro de información fiscal o registro mercantil.
Los funcionarios de las instituciones del Estado efectuaron la clausura permanente del lugar, y retuvieron las plantas eléctrica y desalinizadora, maquinarias que quedaron bajo custodia del Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana.
Por esta situación, la propietaria de la posada fue imputada por la presunta comisión de los delitos de vertido ilícito, descargas contaminantes, construcción de obras contaminantes, actividades y objetos degradantes y actividades en áreas especiales y ecosistemas naturales.
