La inconvencionalidad de las leyes mordaza

Luego del experimento inaugurado en Caracas, cuando Hugo Chávez demanda de su Asamblea Nacional el dictado en 2004 de una Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, con el propósito nunca oculto de controlar los contenidos de la información provenientedel periodismo independiente y asimismo propiciar la emergencia de una hegemonía comunicacional de Estado, el ejemplo lo copian, en seguidilla, la Argentina, con su Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2010; Bolivia, con laLey General del Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 2011; y más recientemente Ecuador, cuyo mandatario decide amordazar sin cortapisas a todos los medios, incluida la prensa escrita, a partir de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013.
Todos a uno integran, casualmente, el eje del Socialismo del siglo XXI, cuyo paradigma de “libertad” se fundamenta en el culto del Leviatán, mejor aún del “césar democrático” bajo el imperio de la regla jurídicapro princeps y la máxima deLenín: “el revolucionario que no sepa unir las formas ilegales de lucha con todas las legales es el peor de los revolucionarios”. De allí queceda hoy en tales espacios el principio convencional – fundado en los tratados internacionales – que a partir de la Segunda Guerra del siglo XX manda la construcción de sistemas constitucionales garantistas de los derechos humanos; sujetos en su interpretación convencional y no solo constitucional, por ende, a la regla pro homine et libertatis.No por azarmedia una guerra, de baja intensidad, entre el modelo de organización de los Estados que predica la novísima UNASUR y el otro que rige, desde 1948,dentro de la OEA, y una vez creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959.
Lascitadas premisas no son triviales o académicas. A diferencia del pasado reciente, cuando la soberanía del Estado y el ejercicio de la soberanía popular permanecen atados al respeto universal de los derechos de la persona humana: todos los derechos para todos sin discriminación,ahora se intenta predicar, como a inicios de la modernidad y antes de que ocurriese el Holocausto, que la mayoría todo lo decide, sin límites; incluso hastapara renunciar mediante el voto a su propia libertad o arrancarle de cuajo sus derechos humanos a los disidentes o las minorías.
Emergen así, sin solución de continuidad, regímenes que vacían de contenido a la democracia mediante el uso de los procedimientos democráticos y construyen andamiajes públicos totalitarios violando las leyes; bajo el cuidado de jueces – salvo en la Argentina, por ahora – quienes las interpretan o hacen mutar para que lo ilegal parezca o finja de legal.
La lectura de conjunto de las “leyes mordaza” enunciadas muestra a cabalidad lo anterior. Todas a una inauguran sus textos justificándolos en homenaje a la libertad de expresión y de prensa pero acto seguido la confiscan, declarándola de interés público en modo de aproximarla sibilinamente a la idea del servicio público estatal. Quien lo presta o ejerce, a fin de cuentas, no lo hace por derecho o cuenta propia sino del Estado quien se lo concesiona o autoriza. A partir de allí ocurre lo que justifican a su vez todas las legislaciones señaladas, a saber la intervención estatal en los fueros de la prensa, que implican a la vez y como libertad tantolibre expresión como medios libres.
En igual modo, argumentándose la necesidad de reducir los espacios de quienes mantienen una posición comunicacional dominante, se les hipotecan o parcelan a éstos sus espacios u horarios en beneficio de la propaganda estatal; a la vez que se aligeran las exigencias para la formación de amplias redes de radio y televisión públicas a las que se suman los denominados medios alternativos o comunitarios por incapaces éstos, por si solos, de subsistir, que no sea bajo patrocinio del propio Estado y su gobierno.
Las legislaciones venezolana y ecuatoriana disponen la incidencia oficial directa sobre los contenidos de la información.Los gobernantes mudan – en especial Rafael Correa – en verdaderos jefes de redacción o mejor censores de los medios independientes afectados. A su turno, la argentina, más inteligente o astuta, lo hace de un modo indirecto al sobreponer sus controles a la movilidad de las operaciones o la economía de los medios; ampliando o restringiendo los espectros, parcelando la influencia territorial sobre la opinión, a la que si puede llegar sin límites de ningún género la radio y televisión estatales.
No por azar, en el caso de la última y en contravención palmaria de las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y su doctrina judicial, el gobierno de Cristina Kirchner insiste en la constitucionalidad de las normas de la ley 26.522 que, sucesivamente, proscriben la transferencia accionaria de las sociedades privadas titulares de licencias de radio y televisión (artículo 41) o impiden la disposición por éstas de múltiples licencias (artículos 45 y 48) aun cuando impliquenla prestación de servicios diferentes como el de Internet o la tv por cable que es distinta de la abierta.Se arguyen sin lógica ni razón – salvo la formal – los criterios de pluralidad o diversidad informativas como fundamento de las medidas; pero, antes bien, a través de medios ilegítimos por no necesarios ni proporcionales seretrasa a los medios privados afectados, deliberadamente, en sus capacidades para competir dentro de la sociedad global de las comunicaciones. Nunca podrán alcanzar, con tales leyes, la fuerza de CNN, FOX o Al Jaseera, horizontalmente integrados.
Huelga comentar lo que en dicha ley y a propósito – es la enseñanza marxista – son galimatías, como esa que prohíbe y no prohíbe a la vez la transferencia de las acciones de los medios que intenten adecuarse a la legislación (artículo 161). Pero si cabe referir, lo que es extremo y también desiderata del conjunto de las leyes mordazas ahora vigentes en América Latina. La ecuatoriana sanciona, severamente, el delito de “linchamiento mediático”, a saber, la posibilidad de que una “turba” – los medios, losperiodistas, la opinión pública – pueda acabar con un “reo presunto”, léase con la credibilidad de nuestros actuales gobernantes.
La enseñanza venezolana, argentina, boliviana y ecuatoriana, en suma, es de neta estirpe bolivariana y sólo cubana en su metodología. Simón Bolívar cree a pie juntillas que la gente no está preparada para el bien supremo de la libertad – lo afirma en Cartagena (1812), en Angustura (1819) y en Chuquisaca (1826) – tal y como lo creyera nuestra primera Ilustración en 1810. De allí la necesidad del gendarme, del padre bueno y fuerte, del gobernante autoritario, del Estado en fin, quien hace y piensa por los ciudadanos y en nombre de éstos se expresa, pues a todos y a sus intereses dice encarnar y proteger a cabalidad.