Miles de venezolanos marcharon pacíficamente el sábado por la capital en protesta por lo que consideran persecución contra los adversarios políticos del gobierno, mientras partidarios del oficialismo realizaron una caminata para rechazar esas acusaciones y brindar su respaldo al presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción.
Los oficialistas alababan medidas como la reciente decisión de la Asamblea Nacional de aprobar por mayoría simple el allanamiento de la inmunidad del diputado opositor Richard Mardo, lo que abrió el camino a las autoridades judiciales para investigarlo, acusándolo de recibir en 2009 donaciones de privados que nunca declaró y que fueron utilizadas para obras de los sectores pobres.
La bancada oficialista, integrada por 98 diputados, aprobó el martes el retiro de la inmunidad a Mardo en medio de protestas de los opositores que rechazaron la acción por considerar que es violatoria de la Constitución porque se requerían las dos terceras partes del Congreso (110 votos) para aprobar la suspensión de la protección legal al congresista.
La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poderlos someter a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la protección legal.
«Este gobierno dice que lucha contra la corrupción, hasta ahora han detenido funcionario medio por aquí y otro por allá; esto no es más que una farsa», dijo Liliana Hernández, integrante de la llamada Mesa de Unidad Democrática, una coalición de grupos opositores compuesta por partidos de izquierda, conservadores moderados y tradicionales.
«Si el gobierno enfrentará sinceramente la corrupción, Maduro se quedaría sólo en el gobierno; lo que busca con esta supuesta lucha contra la corrupción es perseguir a alcaldes, gobernadores y diputados de la oposición», dijo Hernández a la prensa.
Yaimar Rivas, que durante la marcha portaba una pancarta que decía «el gobierno persigue y encarcela personas inocentes», expresó que Maduro «sólo quiere para desviar la atención de los problemas que tenemos», citando la inflación desbocada, la escasez de alimentos y la creciente criminalidad.
En tanto, varios miles de simpatizantes del oficialismo, algunos ataviados con franelas rojas que tenían insignias de organismos públicos, marcharon por el centro de Caracas, teniendo como principales consignas «la lucha contra la corrupción» y «la defensa de la revolución» socialista, impulsada por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez.
«Es una lucha heroica la que ha emprendido nuestro presidente para acabar con el flagelo de la corrupción venga de donde venga», dijo José Lugo, quien portaba un retrato de Chávez, fallecido el 5 de marzo. Maduro ha exigido públicamente a las autoridades judiciales investigar los casos de corrupción y ha acusado en particular a sus opositores.
El diputado oficialista Robert Serra acusó a la oposición de marchar «en apoyo de corruptos como Richard Mardo».
Mardo, quien forma parte del partido Primero Justicia, niega que haya incurrido en corrupción alegando desde que fue electo diputado en el 2011 nunca ha manejado fondos públicos.
«Aquí está el pueblo honesto, que quiere la lucha sincera contra la corrupción», destacó el diputado, quien afirmó que en Venezuela «Lo que hay es políticos presos, no presos políticos». «Rechazamos que se nos acuse de usar la justicas con fines políticos».
En los últimos 14 años, según defensores de los derechos humanos, los tribunales han perdido independencia y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores.
Entre los que se consideran perseguidos políticos destacan el ex candidato presidencial opositor en los comicios del 2006, Manuel Rosales, que se fue del país diciendo que los fiscales lo habían acusado falsamente de corrupción. Guillermo Zuloaga, ex accionista mayoritario del canal televisivo Globovisión, se fue para evadir a acusaciones de delitos que según él tenían una motivación política. El canal fue vendido recientemente.
En otros casos, algunos activistas tienen sus dudas si algunos se ajustan a la categoría o no de presos políticos.
