A solicitud del Ministerio Público, se acordó la ocupación temporal y el desmantelamiento de la posada “Yemaya” y de todas las rancherías y estructuras que funcionan como viviendas recreacionales en la Isla La Tortuga, jurisdicción del Territorio Insular Miranda.
La solicitud fue presentada por el fiscal 21° del estado Anzoátegui, Camilo Alcalá, ante el Tribunal 3° de esa jurisdicción, el cual decretó la ocupación temporal de los espacios por parte de los funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, hasta tanto se diseñe el proyecto de desarrollo turístico para la referida dependencia federal.
Asimismo, se acordó el desmantelamiento de cada una de las rancherías, en coordinación con dicho ministerio, la Armada Bolivariana y el Comando de Guardacostas.
Adicionalmente, la citada instancia judicial designó como depositario judiciales y garantes de los enseres, muebles y objetos que se encuentren en dichas estructuras a los funcionarios de la mencionadas instituciones, quienes deberán realizar un inventario pormenorizado y registro fotográfico, hasta tanto sean entregados a sus respectivos dueños, para lo cual deberán informar al Tribunal de dichas actuaciones.
Vale recordar que el pasado 14 de julio, la fiscal 88° nacional con competencia ambiental, Luz Mayela Hernández, conjuntamente con representantes de los ministerios del Poder Popular para el Ambiente y el Turismo, respectivamente, junto a otras autoridades, realizaron un recorrido aéreo por Cayo Herradura y Playa Caldera, que forman parte de la isla.
En dicha inspección observaron gran cantidad de desechos sólidos y embarcaciones, razón por la cual se trasladaron hasta la posada «Yemaya», con el fin de revisar los permisos de la misma.
Una vez en el establecimiento, se entrevistó a la propietaria de la posada, la ciudadana María Eugenia Joya, y se le solicitó la permisología correspondiente para la afectación de recursos naturales y ocupación del territorio.
En virtud de que no presentó los requerimientos exigidos por las autoridades, se procedió a la clausura permanente del lugar, hasta que se cumpla el procedimiento sancionatorio contemplado en la Ley Orgánica del Turismo.
Se pudo constatar que la posada tampoco tenía el permiso para funcionar como operador turístico, tales como registro turístico nacional, licencia de turismo, o solicitud de renovación, oficio de notificación de tarifas, registro de información fiscal o registro mercantil.
Igualmente, se le retuvo la planta eléctrica y la planta desalinizadora, dejaron tales maquinarias en guardia y custodia del Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana.
Por esta situación, la propietaria de la posada “Yemaya” fue imputada por presuntamente incurrir en los delitos de vertido ilícito, descargas contaminantes, construcción de obras contaminantes, actividades y objetos degradantes y actividades en áreas especiales y ecosistemas naturales.
