Como un claro incumplimiento de las normas constitucionales y del derecho al debido proceso calificó la alianza de organizaciones civiles Monitor Legislativo, el acto mediante el cual la Asamblea Nacional allanó la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo, lo separó del cargo e inhabilitó políticamente.
A través de un comunicado, expresaron su «grave» preocupación por las implicaciones negativas que tiene tal decisión, para el Estado de Derecho, que viola el artículo 49 de la Constitución.
«La separación del cargo así como la inhabilitación política de un parlamentario no puede producirse sin contar en forma previa con una sentencia firme condenatoria», manifestó la organización.
Coinciden con el resto de las ONS´s, académicos y actores políticos que han denunciado que el artículo 187 de la Constitución fue violado por la mayoría oficialista que impuso la votación por mayoría simple. El propósito de tal norma -subrayaron- es actuar como barrera de protección y salvaguardar la voluntad popular que eligió a Mardo como su representante, así como las libertades democráticas.
Por otro lado, dadas las denuncias contra el diputado y la presunción de un hecho punible, los representantes de la sociedad civil aseguran que la investigación bien pudo realizarse sin que fuera necesario separarlo del cargo y menos aún inhabilitarlo. «La inmunidad podía haberse allanado solo para esta investigación, permitiendo que continuara desempeñando sus funciones», señalaron.
Violencia y autocensura
Así mismo, la coalición conformada por las ONG´s Espacio Público, Control Ciudadano, Paz Activa, Transparencia Venezuela y otras tres que hacen vida en el país, manifestaron su condena por la actuación del oficialismo parlamentario.
«Preocupa a las organizaciones que integran Monitor Legislativo las consecuencias que puede tener el que la Asamblea Nacional, como institución, este siendo utilizada como herramienta de eliminación de adversarios políticos», señala el comunicado.
«La experiencia indica que esto genera un aumento de la violencia política o autocensura de diputados y demás venezolanos que por temor a ser víctimas del abuso de poder no se atreverán a realizar investigaciones, críticas, denuncias, es decir, cumplir con sus tareas ciudadanas», afirmaron.
Finalmente, los activistas «hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a garantizar a todos sus miembros los derechos consagrados en la Constitución de la República, así como a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden jurídico que ha sido abiertamente violado».
