La no inclusión de los privados de libertad detenidos en la Comandancia General de la Policía de Lara y las comisarías en los municipios en la “cayapa” realizada el pasado lunes, habría incumplido un acuerdo al cual los diputados del Consejo Legislativo habrían llegado durante la sesión ordinaria del pasado 25 de julio, en atención a la exigencia de la alianza democrática de dar atención a los 697 detenidos en las instalaciones policiales en el marco de la iniciativa liderada por Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario.
La diputada Grace Lucena, representante de la bancada opositora, señaló a la funcionaria gubernamental de “venir al estado Lara a pretender que otros hagan sus funciones”, por cuanto las acciones que ésta exige al gobernador Henri Falcón serían las que debería desarrollar el Ministerio del Servicio Penitenciario, de acuerdo con sus funciones.
Recordó que de los 697 detenidos 39 cuentan con sentencia firme, por lo cual es imperativo que sean llevados a un centro penitenciario.
Asimismo, criticó que a finales del año 2011 Varela haya “prohibido” a Nelson Bracca, entonces director del Centro Penitenciario de la Región Centroccidental, recibir a los detenidos producto de acciones de la Policía regional. Una decisión que contraviene la resolución de los jueces penales del Circuito Judicial del estado Lara.
Como ejemplo, mostró el caso de un procesado (cuyo nombre no fue revelado), a quien el 5 de mayo de 2012 un tribunal de control ordenó que fuera trasladado desde una comisaría de Lara al Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo, sin embargo, en la actualidad aún permanece en Lara.
Lucena expuso que la decisión tribunalicia fue impedida por la comunicación emitida por Varela a los centros penitenciarios del país.
Sobre las consecuencias para los detenidos, la diputada indicó que desde la oposición estarán muy pendientes, debido a que los diputados oficialistas estarían “agudizando el problema del hacinamiento para generar hechos violentos en las comisarías y endosárselos al gobernador”.
Por último, el diputado Leonardo Torres habló sobre su participación en la reciente visita que hiciera la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Ambientales; a la Comisaría de Polilara, cuyas instalaciones no son aptas para que la población detenida cumpla con las prerrogativas para su confinamiento.
“La idea de un centro penitenciario, es que una persona que haya cometido un delito punible sea puesta allí para luego ser reinsertada en la sociedad con un oficio y las herramientas para poder defenderse.
Falcón debe respetar DDHH
Durante la sesión ordinaria de este jueves, nuevamente el tema penitenciario fue sometido a discusión por parte de los diputados del Consejo Legislativo. Tanto chavistas como opositores mantuvieron sus puntos de vista sobre a cuál de los niveles de gobierno corresponde manejar el hacinamiento carcelario en Lara.
Finalmente, con los nueve votos de la mayoritaria bancada del chavismo, se aprobó exhortar al gobernador Henri Falcón a garantizar el cese de la violación de los derechos humanos de los privados de libertad en las comisarías del estado Lara.
