La comisión de seguridad, derechos humanos y ambientales del Consejo Legislativo estadal, encabezada por el diputado Raimundo Vale, visitó los calabozos de la comandancia general de la policía estadal, donde sostuvieron una reunión con algunos de los privados de libertad.
“Ellos están solicitando que seamos portavoces ante la ministra Iris Varela, de la situación que están viviendo, la cual es infrahumana; hay muchos enfermos, no los atienden, no les dan los medicamentos ni los llevan al médico. No han tenido la ayuda necesaria”. Culpó al gobernador Henri Falcón de dicha situación, la cual aseguró que era su responsabilidad.
“Ayer (martes) vino a hacer un show y fíjense lo que pasó, los detenidos sólo querían hablar con él pero sólo pasó haciendo un muestreo y no se detuvo a conversar como lo estamos haciendo nosotros hoy”. En cuanto a la posible intervención de la Policía del estado Lara, dijo que eso le corresponderá determinarlo al Ministerio de Interior y Justicia, luego de hacer investigaciones.
“Estamos trabajando es para resguardar sus derechos, porque también denuncian que a toda hora les dan de comer sólo pasta con caraotas”. Informó que había algunos detenidos en huelga de hambre porque quieren estar en otras condiciones; para ello, los diputados trabajan conjuntamente con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
“Los detenidos piden estar en un sitio adecuado, donde tengan tranquilidad y puedan convivir, además de recibir visitas de sus familiares, estudiar, realizar diversas actividades recreativas”. Dijeron que también subirían a las garitas para hacer supervisiones en todas las áreas.
Finalmente manifestó que realizarían un informe que entregarán al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Por su parte, el director de seguridad y orden público del estado Lara, Orángel Contreras, informó que acompañaron a los diputados del CLEL en la visita a los reclusos, quienes según él, desean el traslado hacía sus sitios de reclusión porque ya están penados.
“Hay muchos que tienen hasta tres años y no han recibido ni un beneficio como les corresponde por ley”. Recordó que la situación de hacinamiento que viven tanto en la comandancia general como en las demás estaciones policiales, ha provocado que se les viole los derechos humanos. “Aquí hay 251 detenidos cuando debería haber máximo 80; ellos reclaman la visita conyugal y no hay instalaciones idóneas para ese tipo de actividad”. Por último, Contreras dijo que la policía era para mantener el orden y no resguardar a privados de libertad y desmintió el rumor de la posible destitución de Luis Rodríguez como director del cuerpo policial.
