Aunque considera que la situación del Poder Judicial continúa comprometida, sobre todo en la forma en la cual se han llevado aquellos casos donde influye un factor altamente político, como el del encarcelamiento del excomisario Iván Simonovis, el abogado penalista Pedro Troconis recuerda que la concesión de una medida humanitaria se realiza si el penado presenta un estado de salud crítico “en fase terminal”.
La “pena humanitaria” se ha manejado como una acción que permitiría el cumplimiento de la pena en el hogar, o un centro médico asistencial, ante la aparición de cualquier tipo de enfermedad en un condenado, por lo cual, el jurista recuerda que el trastorno de salud que presenta el penado debe presentarse en una “fase final” y estar debidamente certificado por un médico forense.
Aun cuando entiende la posición expresada por los defensores legales y familiares del excomisario de la Policía Metropolitana, quienes nuevamente exigieron la inmediata aplicación de la medida luego de que éste fuera operado de peritonitis biliar, además del manejo que ha tenido la situación de quienes son considerados como presos políticos en el país, Troconis expone que la normativa legal es clara en cuanto a las condiciones de salud para otorgar una medida especial.
Sin embargo, Troconis no es ajeno a la influencia que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Poder Judicial, al extremo de observar cómo Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, moviliza a jueces de un estado a otro en el marco del Plan “Cayapa” Judicial, para ejercer su competencia fuera del territorio, lo cual es aceptado por el Tribunal Supremo de Justicia. Una situación que también pudiera afectar la concesión de una medida de carácter humanitario.
“Quienes deben imponer su respeto en principio son los jueces, pero ¿Cómo imponer su respeto, si ser independientes y tener autonomía les trae como consecuencia el cese en sus cargos? Es la intimidación de mafias del Poder Ejecutivo influenciando sobre el Poder Judicial”, expresó.
Explicó que el mantenimiento de esta situación afectará el buen desempeño del Poder Judicial en su función de administración de justicia, aun cuando sigan creándose leyes en todos los aspectos para garantizarla, ya que al final estas sólo pueden aplicarse en determinados casos sin cumplir con el principio de igualdad ciudadana contemplado en la Constitución nacional.
