“No nos negamos a que un dirigente de la alternativa democrática sea investigado, pero exigimos que se haga respetándole el debido proceso”, dijo Macario González, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara, ante los procedimientos impulsados contra representantes de la oposición en el país, entre estos el diputado Richard Mardo.
A juicio del dirigente, el ajuste al estado de derecho comprende las garantías de derecho a acceder al expediente, la defensa y la presunción de inocencia; además de que las averiguaciones sean realizadas por una comisión plural.
Indicó que la alternativa democrática ha logrado cerrar en las instituciones las investigaciones contra sus dirigentes. Puso como ejemplo el caso del diputado oficialista Julio Chávez, quien fue denunciado por el también diputado Guillermo Palacios ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea, sin embargo, la acusación no prosperó bajo el alegado de la inmunidad parlamentaria de Chávez.
“Esa misma comisión ahora abre, sin dilación alguna, una
nvestigación contra el diputado Richard Mardo, sin darle derecho a la defensa, además de que se encuentra en la misma situación que el diputado Julio Chávez con su inmunidad parlamentaria”.
