El Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar ordenó una medida de censura contra el diario Correo del Caroní, en relación al caso de Yamal Mustafá, empresario imputado por el Ministerio Público por presunta vinculación en hechos de corrupción en la industria básica estatal Ferrominera del Orinoco, y dueño del diario privado local Primicia.
Según información publicada en este último periódico el 22 de julio, el tribunal también admitió la demanda penal contra David Natera, presidente del Correo del Caroní, por los supuestos delitos de difamación e injuria interpuesta por Mustafá.
En la notificación enviada a David Natera y a la directiva del Correo del Caroní el tribunal ordenó al periódico a que “se abstenga de publicar o permitir publicar, informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directas o indirectas, simuladas o figuradas, relacionadas al ciudadano Yamal Mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se llegue a instaurar contra su persona, que pudiere interpretarse como lesiva de sus derechos constitucionales, como lo es el debido proceso, presunción de inocencia, del derecho al honor y reputación y del derecho a la integridad de las personas y las familias, procediendo a publicar información de manera objetiva y apegada a la ética periodística”.
El tribunal expresó que la medida debe ser acatada hasta tanto esta dependencia resuelva el asunto de fondo de la demanda penal interpuesta contra Natera, por parte de Yamal Mustafá por los supuestos delitos de difamación e injuria, el 15 de julio de 2013.
Oscar Murillo, jefe de redacción del Correo del Caroní informó a IPYS Venezuela que esta medida representa una notificación y que el tribunal aún no ha citado a los involucrados para realizar la audiencia de presentación.
El caso
Murillo explicó que esta acción de censura se tomó luego de que el periódico -fundamentado en fuentes oficiales y voceros conocidos públicamente- informara sobre el procedimiento judicial en el que supuestamente se involucra a Yamal Mustafá, en calidad de empresario, a quien el Ministerio Público imputó “por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir”, en el caso de supuesta corrupción en Ferrominera del Orinoco, industria básica estatal.
IPYS Venezuela ha reiterado que el procedimiento que enfrenta Yamal Mustafá se da por actividades ajenas a su gestión como dueño del diario Primicia.
Por el caso de corrupción de Ferrominera del Orinoco han sido detenidas y sometidas a investigaciones otras seis personas, aparte de Mustafá, entre ellas:
Radwan Sabbagh, ex presidente de la empresa estatal; Juan Carlos Álvarez Dionisi, coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la entidad; las ex gerentes de la industria María Rodríguez, Carolina Acosta; ex consultor jurídico Noel Ramírez; y Carlos Vieira, cliente de Ferrominera Orinoco.
A pesar de que este caso está vinculado a otros incidentes por supuesta corrupción en la industria básica, la medida del tribunal solo prohíbe al Correo del Caroní referirse al procedimiento que afronta Yamal Mustafá.
Admisión de la demanda penal
Antes que el tribunal hiciera llegar la notificación al Correo del Caroní, el diario Primicia, en su edición del 22 de julio, informó sobre este procedimiento. De acuerdo a la nota presentada por este diario -propiedad de Mustafá- el tribunal habría decretado “la admisión parcial de la acusación privada, o querella interpuesta por Mustafá contra Natera y ordenó ´la comparecencia de este para que nombre abogado y/o defensor de confianza que lo asista´.
Sin embargo, Oscar Murillo y David Natera informaron a IPYS Venezuela que la institución judicial no ha notificado al presidente del Correo del Caroní de la admisión de esta acción penal.
Primicia, también, informó que el tribunal “declaró inadmisible la querella en contra de Andrés Velásquez por ´encontrarse amparado por la prerrogativa de inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Violación a la libertad de expresión
IPYS Venezuela rechaza cualquier medida que busque censurar a los medios de comunicación y a los periodistas por informar sobre hechos de interés público.
Las medidas de prohibición informativas son contrarias a las disposiciones de la libertad de expresión. El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no se admiten medidas de censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión -promovida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos- establece:
“La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.
Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Precedentes
Como informó IPYS Venezuela, el 15 de julio de 2013 se presentó en contra del diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez, por las denuncias que ha presentado sobre este caso. En la querella, Mustafá solicitó a la instancia judicial una medida de censura para prohibir al Correo del Caroní y a los medios locales difundir informaciones sobre las investigaciones legales que están en curso por supuestos hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco (FMO) -empresa estatal que forma parte de las industrias básicas de Guayana- por los que emprendió esta medida legal.
De igual manera, el 18 de julio Mustafá presentó una demanda civil por “daños y prejuicios” contra diario privado local Correo del Caroní y a su presidente David Natera, procedimiento que podría derivar en una sanción tributaria.
Entre tanto, el director de Primicia, Robinson Lizano informó a IPYS Venezuela que estas disputas representan diferencias personales entre Mustafá y Natera. Además, explicó que se promueve una campaña de descrédito contra el diario para el que labora. IPYS Venezuela, también, informó sobre acciones de intimidación que afectan a Lizano y a los periodistas que pertenecen a su equipo de trabajo.
