El director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó el lunes que la medida de congelación de sus cuentas que solicitó la Fiscalía General buscaría «silenciar» y «amedrentar» al periódico que es uno de los principales medios críticos del gobierno.
«Es un hecho insólito que una fiscal general de la República dictamine unas medidas contra una persona…a través de Twitter sin que yo sepa de qué me acusa», dijo Otero al rechazar la acción solicitada por el Ministerio Público.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el pasado sábado en cuenta de Twitter que se había solicitado la prohibición de enajenar y gravar bienes y la congelación de cuentas bancarias de Otero.
El Ministerio Público dijo ese día en un comunicado que se solicitó esa medida contra los activos de Otero a «propósito de la investigación que se le sigue por una demanda del ex alcalde metropolitano, Alfredo Peña».
El ex alcalde, que huyó del país hace unos diez años, habría demandado a Otero por el cobro de una deuda de 3,5 millones de dólares, según precisó el Ministerio Público.
Ortega Díaz expresó que la Fiscalía decidió investigar el caso para determinar de dónde Peña obtuvo el dinero y por qué Otero debía esa suma.
El director de El Nacional indicó el lunes a la AP, en entrevista telefónica, que desconoce los alcances de la acción del Ministerio Público debido a que hasta el momento él ni sus abogados han logrado ver el expediente.
Al ser preguntado sobre si esta acción afectará a El Nacional, el editor señaló que «yo me imagino que no, pero yo no he visto el expediente».
Otero sostuvo que con la acción de la Fiscalía se buscaría «silenciar, amedrentar, desprestigiar. Ellos (en alusión al gobierno) tienen una política de cercar a los medios y compran medios, amenazan medios, cierran medios, le abren procedimientos a los periodistas, a los editores. Claro eso es parte de ese proceso».
Juan Garantón, uno de los abogados de Otero, consideró como «fuera de lo común» la acción solicitada por la Fiscalía en contra el editor, y dijo que era «muy inusual» que el Ministerio Público se hiciera parte de un proceso privado entre dos personas.
El abogado dijo a la AP que la deuda que señala la Fiscalía «no existe» y «no está corroborada por nadie, ni siquiera por el propio Peña porque Peña está ido del país hace muchos años».
Garantón agregó que el recibo que se ha alegado como prueba de la deuda es de «hace diez años…cualquier recibo de más de 10 años está prescrito».
Para María Fernanda Flores, ex gerente general del canal local de noticias Globovisión, la acción de la Fiscal General contra Otero es de plena intimidación del gobierno, y parte de la campaña para silenciar a toda prensa crítica.
«Del pánico, del miedo para obligar a la censura o la autocensura es más grave,» dijo a la AP Flores, quien fue obligada a renunciar a la gerencia general de Globovisión en abril pasado luego que se concretó la venta del medio a un grupo de empresarios locales.
La AP solicitó a través de un correo al Ministerio de Comunicación una reacción del caso de Otero pero no ofrecieron de momento comentarios. Un vocero de la Fiscalía General, que no se identificó, dijo a la AP que no se tenía nada nuevo sobre el proceso.
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