La población venezolana está viviendo un momento de gran incertidumbre ante el posible cierre de clínicas privadas, al fijar el gobierno a través de Sundecop, en forma unilateral, los costos de los diferentes servicios de atención médica.
Así lo manifestó Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, quien pidió al gobierno nacional que recapacite en la decisión, ya que de concretarse afectaría gravemente la salud de los venezolanos.
En este sentido, explicó que el ministerio del Poder Popular para la Salud, el cual es el ente rector de la materia, debe tener la estructura de costos de los servicios prestados por los hospitales del gobierno, lo cual a su juicio, debe servir de orientación para que las clínicas elaboren su estructura de costos.
«La Sundecop debe establecer una comparación entre ambos servicios, y, de esa forma iniciar un proceso de estudio objetivo que, permita un mejor servicio a la población», dijo.
Afirmó que los precios de los servicios deben ser condicionados por los costos y no lo contrario, a fin que para que el sistema de salud sea sostenible en el tiempo.
«Estos precios pudieran ser, por lo menos igual que los costos en aquellas instituciones que no contemplen rentabilidad de la inversión, como los hospitales dependiente del Estado, y los precios deben superar a los costos en instituciones que involucre rentabilidad para justificar la inversión», expresó.
El galeno detalló que los servicios en los hospitales administrados por el gobierno, «el precio se supone, esté cubierto por los presupuestos de los mismos, pero en la realidad no es así, trayendo como consecuencia la actual deficiencia en la atención médica, conllevando que el personal de los ministerios y de empresas del Estado reciban atención en clínicas privadas, financiado este servicio por fondos de salud o empresas aseguradoras que, en una gran porción, también son gubernamentales, y esto trae como consecuencia la saturación de las clínicas».
Finalmente señaló que toda esta situación, da como resultado un empeoramiento de los servicios médicos a nivel nacional, que no pueden ser cubiertos por las instituciones gubernamentales, y la gran perjudicada es la población venezolana.
