Parlamento a prisión o Richard Mardo

El TSJ ha declarado que existe mérito para enjuiciar a Richard Mardo. Con una sentencia fruto de tropelías, pruebas forjadas e irrespetos a los derechos constitucionales, en especial el debido proceso, vuelve a quedar en evidencia la falta de autonomía moral del órgano llamado a ser el custodio de la Constitución.
Una persecución de esta naturaleza es algo que no afecta únicamente a Richard Mardo. Tampoco se trata de una mera tramoya para desprestigiar o intimidar a PJ o al resto de los partidos de la MUD.
Ciertamente en este momento el objetivo a dominar es Richard Mardo. Pero la naturaleza totalitaria que referimos tiene vocación expansiva y devoradora. Súbitamente puede ocurrir que el objetivo a neutralizar sea algún otro dirigente opositor o, sencillamente, cualquier ciudadano que adverse al régimen.
Ya el señor Pedro Carreño, brazo ejecutor de Diosdado Cabello, anunció que en la sesión del martes 30 de julio Richard Mardo será despojado de su inmunidad parlamentaria. Despojo que, según Carreño, sucederá por la decisión de una mayoría simple y de acuerdo con un supuesto informe preparado por la Comisión de Contraloría de la AN.
Esa bravuconada de Carreño plantea una batalla clara para los diputados opositores y para la parte de la sociedad venezolana que se resiste a vivir en la indignidad de la patología totalitaria. Respecto de los parlamentarios, estos deben cerrar filas valientemente. No pueden permitir que se siga violando la Constitución en la maniobra de levantar la inmunidad de Mardo.
Lo que establece el Texto Fundamental es que la mayoría requerida para hacerlo sea de dos tercios de los votos, lo cual responde, como en cualquier país democrático del mundo, a la lógica constitucional de proteger a las minorías y a la necesidad de salvaguardar la composición política de la Cámara. No plantar cara a la tentativa de una mayoría simple en esta importante materia equivaldría a entregar la AN y permitir que, eventualmente, los diputados opositores aguarden en filita india para ser encarcelados. Y en cuanto a la sociedad civil, esta debe reaccionar.
Es urgente que se active la lucha de calle, que se ejerza el derecho constitucional a protestar para no consentir la injusta cacería de brujas que se está desatando en contra de los parlamentarios democráticos. En definitiva, el pueblo de Venezuela debe ponerse en pie de lucha para recobrar la dignidad de la AN y para evitar que el nuestro sea un Parlamento a prisión.