La sociedad venezolana, víctima de una constante y permanente ola de violencia que se ha desatado en los últimos años, ha venido restándole el valor verdadero de la vida, y ha ‘naturalizado’ los hechos delictivos, como el asesinato.
Así lo cree Nelson Fréitez, sociólogo y docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, quien explicó el por qué de la realidad actual del país, sus posibles causas y las consecuencias que se podrían desprender de una cadena delictiva que se ha incrementado en la última década.
Las causas
Para el especialista, la sociedad delictiva es producto de procesos que se desplegaron desde finales de la década de los años ’80, con los hechos desarrollados en el ‘Caracazo’, y se agudizó en la década de los ‘90, cuando se combinan factores socioeconómicos con las crisis institucionales.
Fréitez especificó, además, que los factores que desencadenan la violencia en cualquier país, incluyendo a Venezuela, son la exclusión social, la pobreza, carencias de oportunidades para conseguir objetivos y las frustraciones que produce no encontrar los bienes materiales a través de los canales legales.
Sin embargo, en el país hay que buscar causas diferentes a las mencionadas, toda vez que el Gobierno nacional ha publicado indicadores internacionales donde denota que ha bajado la pobreza y se han cubierto las necesidades sociales. Entonces, “el caso venezolano es peculiar, porque hemos pasado de poco más de 4 mil asesinatos anuales, a finales de los ’90, a más de 20 mil en este último año”, dijo el sociólogo. ¿Cuál es el factor que ha detonado el problema de la violencia? Fréitez está convencido de que la causa de este flagelo se deriva de que los factores institucionales que tiene el Estado para controlar el delito y reprimirlo, están en franco deterioro, de donde se deriva la impunidad y se promueven los hechos delictivos.
A su vez, explica Fréitez, la impunidad es la resultante de estos factores: organismos de seguridad de investigación del Estado que no pueden dar respuestas a los casos de violencia debido a la sobresaturación y un sistema policial viciado, donde no se castiga los hechos delictivos que se producen en su seno.
En el primero de los casos, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, el 94% de los homicidios no tienen una persona detenida, “no se hace ni los primeros pasos de la investigación”, indicó el académico.
Para Fréitez, “la impunidad detona el delito. Todo el Estado crea instituciones para sancionarlo y, cuando no es sancionado, encuentras a un joven con hasta 15 asesinatos, motivo que se vuelve factor de estatus entre sus bandas”.
Este aspecto va creando una ‘naturalización’ del asesinato. “En el barrio, las personas se acostumbran a que otros pierdan la vida. ¡Este es el peor mensaje para quien delinque!”, afirmó.
Además, segundo factor, Fréitez indica que en todas partes del mundo existe el riesgo de que los cuerpos de seguridad estén penetrados por los grupos delictivos, sin embargo, en el país los sistemas de contraloría interna de estos cuerpos no actúan de forma eficaz, desde donde se genera la distorsión. “Habría que recordar el caso de Los Pocitos, cuando el fiscal del caso fue a hacer el arqueo de armas en la Dirección de Armamento en la Fuerzas Armadas Policiales, frente a la plaza San Juan, allí lo esperaron con armas largas que impidieron entrar por orden de Rodríguez Figuera, director de la Policía del estado Lara para aquel entonces, avalado por el gobernador Luis Reyes Reyes”.
Las consecuencias:
Una vez estudiadas las causas de la situación actual, el especialista social indicó que las consecuencias se pueden observar en el comportamiento de la sociedad. “La gente se siente desprotegida, y por ende se privatiza la seguridad”.
Recordó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad y un deber constitucional del Estado. Pero cuando esto no se cumple, la ciudadanía empieza a ir a centros comerciales, no se distrae en lugares públicos, contrata servicios privados de vigilancia y se crea sus propias medidas que le permitan sentirse seguros. Además, la gente reduce los desplazamientos en la ciudad, va reduciendo el contacto social imprescindible, debilita los tejidos sociales y el miedo colectivo produce la inhibición para la acción colectiva que permita las reivindicaciones de los derechos en actos de protestas.
Fréitez indicó que la situación de contaminación que han sufrido los cuerpos policiales, y la no existencia de la depuración de los mismos, ha hecho que 73% de casos no sean denunciados ante estos organismos de seguridad. “Se les puede revertir negativamente la denuncia”, explicó.
¿A dónde se puede llegar?
El fondo de la situación no se ha tocado. El especialista indica que la falta de respuesta de las instituciones pudiera incentivar a la recurrencia de las últimas acciones de linchamiento por parte de la ciudadanía, actos que no serían capaces de llevar a cabo en cualquier otra circunstancia, pero que “es una expresión de violencia colectiva, y donde se procede a actuar en un estado de barbarie”, indicó.
Sin embargo, Nelson Fréitez está convencido de que con las políticas públicas adecuadas y una organización civil acorde, se puede revertir el panorama actual. “Esto no es que sea un problema mundial que debamos adaptarnos a vivir con ello”, sentenció.
Por último, desestimó el papel del plan Patria Segura, como una posible solución. En primer lugar, porque son militares con otra visión de ciudad a la que tiene el individuo común y, además, porque el plan no va acompañado de la reducción de la impunidad y del mejoramiento de la situación judicial y carcelaria del país.
A otros municipios
El especialista en ciencias sociales hizo eco de estudios realizados por el Observatorio Venezolano de la Violencia, el cual indicó que en el país, los casos de violencia no sólo están en la capital de cada estado, sino que se han extendido a los municipios de esos estados y a las poblaciones aledañas a esas capitales.
En esos lugares, según Fréitez, las personas se han dado por vencida ante el problema de la inseguridad, “se ha aprendido a vivir creyendo que el delito es algo natural, que nadie puede resolver, donde el Gobierno culpa a factores como el capitalismo y, si se promete una solución, es a largo plazo”.
Esta situación hace que los pobladores no tenga más alternativa que la de adaptarse, “entonces ves, cómo existe una especie de toque de queda después de las 7 de la noche”, relató.
