La ex rectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejías, considera que el Tribunal Supremo de Justicia perdió una oportunidad de reivindicar la institucionalidad en el país al insistir en que los actuales magistrados de la Sala Constitucional revisen la solicitud de impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril, a pesar de la recusación impuesta en su contra por parte del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.
De acuerdo con la reciente decisión del máximo tribunal de la nación, los magistrados Gladys Guitérrez, Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta, Arcadio Delgado, Marco Dugarte y Juan Mendoza serán los encargados de revisar la solicitud del candidato opositor, pese a que fueron señalados de tener fuertes nexos con el chavismo y el Gobierno nacional.
Mejías explicó que la figura de la recusación se utiliza cuando se evidencia una manifiesta amistad, o enemistad, entre el representante del tribunal encargado y una de las partes del conflicto.
La negativa a la solicitud de Capriles, quien se basa en el adelanto de opinión que habrían dado algunos de los magistrados al pronunciarse sobre lo que debía ocurrir en el caso de que el presidente Chávez no pudiera tomar posesión el pasado 10 de enero, es vista por la exrectora electoral como una decisión que demuestra el problema del estado de derecho en el país por tratarse de una decisión más política que jurídica. Llama a los venezolanos y a los factores de la alternativa democrática a entender el problema de la falta de independencia de los poderes públicos en el país.
De igual manera, recordó que la democracia no se mide con la cantidad de votos que obtenga una parcialidad política sino con la validez e independencia de las instituciones, sobre todo de parte del Poder Judicial que debía analizar el escrito de impugnación introducido por Capriles, a los fines de dar respuesta en el tiempo oportuno.
“Así como el Poder Electoral perdió oportunidad al momento de hacer auditoría con los tres instrumentos electorales (acta de votación, comprobante y cuaderno) para demostrar transparencia del proceso o el carácter fidedigno de los resultados, ahora el Poder Judicial pierde otra oportunidad, porque no se trata de que el documento no lo analice Francisco Carrasquero, sino que sería analizado por el expresidente un organismo cuyo trabajo se pone en entredicho. Sería mas ajustado a derecho que lo hiciera un magistrado no relacionado”.
