Los comerciantes de la mayoría de las 24 carnicerías que operan en Quíbor, ante la negativa de las autoridades de Indepabis de entender que ellos no pueden cumplir con los precios regulados para los diferentes cortes de carne, decidieron demostrar públicamente que no se trata de inventos de pretextos sino de una realidad.
Este miércoles un grupo de ellos se reunió en la plaza Bolívar de Quíbor para detallar todos los pasos que deben dar desde el momento en que reciben el producto por parte de los distribuidores hasta el momento de entregarlo a los consumidores.
“Seguimos insistiendo en que nosotros somos la parte más débil de la cadena, quienes tenemos que darle la cara a la gente, no así los distribuidores que operan por teléfono, desde sus oficinas”, reiteró Julio Vergara, uno de los comerciantes presentes.
Los carniceros quiboreños llevaron media res que colgaron de un árbol, a un lado de la glorieta de la plaza Bolívar, la cual despostaron frente al público para el respectivo peso.
Insistió en que la regulación de los precios del producto debe hacerse con la participación de todos los involucrados en la comercialización, ganaderos, matadero, distribuidor, carnicero detallista y consejos comunales.
Explicó que ellos reciben la carne a determinados precios, más altos que los impuestos en la regulación, además de que entre la carne que puede ser calificada de primera o segunda les incluyen lo conocido como trastes, o sea grasa, huesos, hígado, lengua, panza y rabo.
“Y a quienes no aceptan el traste no les venden”, puntualizó.
Para Nelson Pineda, ex-diputado y exdueño de carnicería, el hecho de que en los municipios Jiménez y Morán existan mataderos no benefician en nada a los habitantes de Quíbor y El Tocuyo.
Del ubicado en el sector La Vigía llega poco o nada a las carnicerías de Quíbor pues la mayoría de la carne la envían a otras ciudades.
“Ahí opera una distribuidora llamada El Maute que se encarga de la venta de la carne de las más de 200 reses que estarían beneficiando diariamente, pero no surten las carnicerías del municipio Jiménez”, explicó uno de los carniceros presentes.
“Y el administrador del matadero de El Tocuyo es al mismo tiempo distribuidor y dueño de cinco carnicerías, a las que surte principalmente”, agregó el informante.
En el estado Lara existen otras distribuidoras, como la de los Trotta o la de Hernández, que prácticamente tienen acaparado el mercado y no hay organismo que le imponga normas como lo hacen con los expendededores.
En la plaza Bolívar, a pocos metros de la alcaldía, la gente continuaba aglomerándose frente a la mesa donde los carniceros encargados del desposte continuaban con su labor.
“Este pedazo de grasa no se vende, se pierde; este hueso no sirve ni para sopa, también se pierde; este rabo sí se vende, pero a bajo precio; la pata, igual”, iba explicando Fernando Rodríguez.
No faltó entre el público alguien identificado con el oficialismo que exigía más explicaciones al carnicero pues las recibidas hasta el momento no le convencían, llegando a decir que lo único que buscaban era desacreditar al gobierno.
Perro gracias a la intervención de una ama de casa pareció aceptar la realidad planteada por los encargados de la demostración.
“En Quíbor no recibimos carne del frigorífico socialista de La Vigía, a pesar de haber sido fundado con el objetivo de abaratar el producto a los consumidores del municipio. Debemos traerla de El Tocuyo, El Rodeo o del matadero industrial de Barquisimeto”, explicó Miguel Colmenárez, con 33 años en el ramo de carnicería.
Para cuando terminó el desposte de la media res, más de una cesta estaba repleta de grasa, huesos y otras partes de los llamados trastes, lo que era necesario reducir a los ingresos que el negocio debía percibir por su comeercialización.
“No podeemos seguir trabajando con esos precios que pretende imponernos Indepabis, y no culpamos a la directora regional, Valentina Querales pues ella sólo recibe instrucciones de Caracas para hacer cumplir esa regulación”, intervino de nuevo Julio Vergara.
Dijo que ellos han consignado desde hace tiempo suficiente documentación para explicar lo que no quieren aceptar en el gobierno, que los culpables de los altos costos para los consumidores no son los detallistas sino los encargados de la distribución, a quienes nunca han tocado.
“Nosotros pagamos el kilo a 46 bolívares y con lo que tenemos que botar, además de gastos, nos llega a 70, y mal podríamos venderlo a 28 o 18 como pretende el gobierno. Tendremos que bajar la Santa María si no atienden nuestros planteamientos”, enfatizó Vergara.
Algunas amas de casa tuvieron oportunidad de adquirir sus kilitos de pulpa en plena plaza Bolívar de Quíbor, aunque la mayoría se retiró decepcionada pues de los más de cien kilos de peso de la media res deshuesada o desgrasada se echaron al lado unos 35, lo que significa una pérdida considerable.
“Ojalá lleguen a un acuerdo pronto o nos vamos a quedar sin la carne que tanta falta nos hace porque forma parte indispensable en la dieta de todo venezolano”, dijo una ama de casa mientras se retiraba del lugar.
