Luego de una revisión a establecimientos comerciales de carácter público, como Pdval y Abasto Bicentenario, así como establecimientos de carácter privado como Makro, Mikro y el supermercado Central Madeirense de Las Trinitarias; el Indepabis del estado Lara cuenta con suficiente aval para asegurar que el suministro de carne se encuentra garantizado en la región.
Valentina Querales, presidenta de la institución, explicó que los mencionados establecimientos reciben productos de la Corporación Casa que lleva carne a precio regulado para los consumidores.
“El pueblo larense tiene dónde comprar carne”, dijo la funcionaria, quien informó que la red Mercal también será incorporada al proceso de inspección, como uno de los principales surtidores de alimentos al pueblo larense.
Asimismo, Querales rechazó las quejas dirigidas por los carniceros a las acciones del Indepabis, y señaló que la función del organismo no es sentarse a discutir precios, ya que esta es una responsabilidad que compete a otros organismos públicos. “Nosotros lo que hacemos es velar por el cumplimiento de esos precios establecidos en otros niveles”.
La funcionaria exhortó a los carniceros a revisar lo establecido en las leyes, sobre todo a aquellos representantes de este sector que también son abogados. Además de trabajar en los mecanismos que permitan a los pequeños y medianos comerciantes vender a precio regulado.
Otra recomendación de Querales, quien acotó que ante el Indepabis Lara no hay denuncia de irregularidades en las fiscalizaciones, se dirigió a los comerciantes que se han negado a firmar los procedimientos de fiscalización, por cuanto la acción constituye un desacato a la autoridad.
“Se trata de un procedimiento administrativo, donde se establecen ciertas situaciones. Ellos tienen el derecho de presentar sus alegatos, posteriormente, para ser estudiados por una instancia sustanciadora que no se encuentra ubicada en Barquisimeto sino en Caracas. Mal pueden esos abogados ordenar a los comerciantes pequeños a desobedecer las leyes”, expresó.
Por último, apuntó que existe un grupo de comerciantes cárnicos que quiere cumplir con la legalidad, quienes se han puesto a la orden para cumplir con los precios sometidos a regulación.
“Ese es el deber ser de un comerciante consciente que aspira a un comercio justo en lugar de la ganancia abusiva, como en los comercios donde vimos que la carne era vendida a más de cien bolívares”, aseveró.
