El ex procurador general de la República, doctor Juan José Rachadell, y el profesor universitario doctor Marco Tulio Mendoza, resumen la realidad política, social y económica de Venezuela.
Para estos profesionales, la autonomía, como principio que brota del mismo individuo, y las instituciones por él creadas, tienen por pilar de sustentación la libertad, entendida esta como la oportunidad de ser mejores, crear, desarrollar, decidir y hacerse responsable de las consecuencias, y ella existe cuando la inteligencia y el valor consiguen vencer la fatalidad.
Indican que los límites de acción definen los derechos justos del colectivo y no los intereses e imposiciones de un grupo de poder.
Precisan que las bases ideológicas y políticas del actual Gobierno acarrean indispensablemente la concentración del poder y como de derivación de ello, la eliminación sistemática y progresiva de las autonomías (instituciones, administrativas, académicas, económicas, gremiales, comunicacionales).
Dicen que se trata de una manifestación fehaciente del proyecto de destrucción de autonomías institucionales por parte del gobierno. Es la pérdida de la división e independencia de los poderes públicos nacionales: Judicial, Contralor, Electoral, Legislativo, los cuales están sometidos desde hace tiempo a acatar directrices políticas partidistas del gobierno central, el cual ha llegado al extremo de mantener a algunos de ellos deslegitimación por el cumplimiento de las formas constitucionales (designación de titulares, renovación por períodos vencidos, con la finalidad de garantizar su control).
Dentro del espíritu de concentración administrativa del poder, determinan, se pretende revertir todo el proceso de descentralización, el cual se expresa en la creación y ejercicio de las autonomías regionales y locales, considerándose por sus resultados y alcances un gran logro de la democracia, consagrado en la constitución del ‘99 refrendada por el pueblo venezolano.
Puntualizan que formas perversas de esta acción destructiva se hallan en la creación de entidades y organizaciones de gobierno regional paralelo, las cuales, amén de incrementar la burocracia tarifada, quitan recursos legítimos de los estados, dificultan los procesos de planificación, organización y gobernabilidad de las entidades legítimamente instituidas por la votación popular.
Acotan que de notoria actualidad resalta el ataque destructivo de la autonomía de las universidades y otras instituciones de educación superior, las cuales están sometidas desde hace años a la violencia, al cerco económico y vejámenes, destinadas a controlar, someter y doblegar su espíritu libertario y su conciencia crítica, madeja de su esencia existencial.
Explican que dentro de estas políticas gubernamentales se enmarca también el plan de control estatal de la economía, a fin de someter la iniciativa y la capacidad privada como fuerza viva beligerante de una nación, de allí el control de cambios, los decretos de expropiación en sectores productivos, los cercos impositivos y legales que hacen de cualquier iniciativa un calvario de tramitaciones burocráticas, consecuencias inevitables: corrupción galopante y generalizada, cierre masivo de industrias, la caída y fuga a otras naciones de nuevas inversiones, la destrucción de fuentes de trabajo, desempleo, derrumbe la producción agropecuaria, manufacturera e industrial, desabastecimiento, inflación (la más grande del mundo), unido a estancamiento económico (estanflación), devaluación sostenida de la moneda y el deterioro de la calidad de vida.
“En definitiva, el verdadero objetivo de esta revolución es la eliminación de la democracia como mecanismo de convivencia política, y la instauración de un régimen totalitario”.
