En el racionamiento de alimentos, gasolina, agua, electricidad y en general, de productos y servicios, se manifiesta, claramente, el significado del corrompido Socialismo del siglo XXI. Por un lado, desde la cima del poder estatal, sin participación popular, sin consultar a nadie; los ideólogos vueltos tecnócratas planifican el nuevo modelo. Dirigidos por el ministro Giordani, programan la repartición igualitaria de la pobreza, elemento indispensable para la implantación del socialismo a la cubana. Implementan, con visión restrictiva de los derechos fundamentales, un diseño económico que solo garantiza la subsistencia. Determinan qué y cuánto debemos consumir, establecen el salario mínimo y los precios de todo.
Simultáneamente, el Estado se apropia de los medios de producción privados. Destruye la empresa y amplía desmesuradamente su papel como productor. Se aumentan las importaciones y se utiliza el régimen de control de cambio como instrumento adicional de planificación y control.
Los resultados están a la vista. Aumentan los venezolanos con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo. El desabastecimiento se incrementa, la inflación nos golpea.
Determinando el Estado el ingreso, controlando la oferta, solo falta para restringir, aun más nuestra libertad, para controlar más nuestras vidas, decidir cuánto individualmente debemos consumir. Se comienza por el Zulia integrando electrónicamente los puntos de venta y utilizando la cédula de identidad. Se trata de un mecanismo similar al de la cesta ticket y las tarjetas electrónicas. La tarjeta a la cubana es atrasada, el “chip gasolinero” innecesario.
Por supuesto, el esquema socialista se completa enriqueciendo a los sectores privilegiados del régimen, particularmente a sus empresarios y al estamento militar. A los hombres de negocios se asigna licencias de importación, créditos y divisas. Se encargan de comprar, muchas veces en sociedad con gobiernos, los productos necesarios, en la calidad y sobreprecios que estimen conveniente para sus insaciables bolsillos. También les corresponde repartir y contribuir a contentar a dirigentes y activistas. A los burócratas armados les toca, en una especie de asociación en cuentas de participación con contrabandistas, comerciantes corruptos y mafiosos, recibir un importante porcentaje de tan lucrativa actividad. Los militares “cuidan” caminos y fronteras. Deben proteger la mercancía y cobrar los ilegales peajes que en su recorrido por Venezuela hasta los puntos de venta ilícita deben pagar, para su beneficio, los transportistas de los productos de la dieta básica. Así, unidos por los negocios, civiles y militares, participan del racionamiento, de la destrucción nacional, del anti patriótico Socialismo del siglo XXI.
Publicado en el Diario La Verdad de Maracaibo el 13 de junio de 2013
Alzando la voz – Racionamiento cívico militar
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