Luego que el pasado domingo, representantes del Sindicato Único de la Industria de la Construcción en el estado Lara, a la cabeza de su presidente Pedro Peña, indicaran que el próximo 8 de julio paralizarían las obras a nivel nacional de no lograr un aumento salarial ante los entes del Estado a través de la aprobación de un nuevo contrato colectivo, representantes de las diferentes cámaras (de la construcción e inmobiliaria), así como el presidente de Fedecámaras en el estado Lara, Alberto Gámez, reconocieron como legítimo el descontento de la masa laboral que trabaja en el sector de la construcción.
Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción en la región, indicó que los trabajadores que desempeñan esta labor en el sector no reciben mejoramiento salarial luego que el contrato colectivo para el periodo 2010-2012 se venciera en mayo del año pasado. “El empresariado privado está totalmente de acuerdo con el mejoramiento de los salarios”, dijo Mendoza.
El representante de la Cámara de la Construcción indicó que seis meses antes de la fecha en la cual venció el contrato colectivo de los trabajadores (en mayo del 2012) las diferentes federaciones, acompañadas de la Cámara Bolivariana de la Construcción (público), la Cámara Venezolana de la Construcción (privado), los diferentes sindicatos y el Ministerio del Trabajo, “deberían haberse sentado para negociar el próximo contrato”, dijo, “pero este Gobierno no cree en sindicatos, gremios ni en contratos colectivos, por ello, todo se retrasó un año”.
En mayo del 2013, trabajadores afectados presionaron a los organismos públicos competentes en busca de respuesta, acción que derivó en que dichos organismos accedieran a un eventual diálogo. Allí, las dos cámaras, bolivariana y venezolana, entregaron sus propuestas, las cuales, según Mendoza, están siendo analizadas por el Ministerio para acordar la que satisfaga a las partes. “El Gobierno nacional debe tener mucho cuidado con lo que aprueba, por cuanto, lo que salga de allí (contratación colectiva), afectará las metas de construcción que ellos se han marcado para el 2013 en la Gran Misión Vivienda”, dijo Mendoza, refiriéndose a que las mejoras contractuales de los trabajadores, aumentarán los gastos de cada una de las viviendas que realiza el Estado venezolano a través del Gobierno nacional.
En definitiva, ambas propuestas entregadas al órgano correspondiente manejan un aumento salarial entre el 25 al 30% del salario actual.
Darle valor y respeto
Por su parte, Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado, dijo: “Nosotros le damos el respaldo a esta lucha de los trabajadores”. Lau explica que entiende la molestia del sindicato que agrupa a los trabajadores de la construcción debido a la imposibilidad que representa vivir devengando sueldo mínimo.
Tengo el deber de apoyar al sector de la construcción, hay que valorarlo y respetarlo. No se puede atacar a nadie por exigir sus derechos”, recalcó.
Para la representante de la Cámara Inmobiliaria, el Gobierno nacional tiene la urgencia de responderle a los trabajadores afectados, además de considerar las políticas realizadas como las responsables de esta situación: “La causa de este problema son las políticas económicas que han alejado las inversiones del país”.
Fedecámaras se suma
A las expresiones de apoyo de Mendoza y Lau, se agrega Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras en el estado Lara. Gámez indicó que muchos de los trabajadores que hoy están protestando para obtener mejores beneficios, se marcharon de las empresas privadas hacia las obras públicas esperando mejores reivindicaciones.
Después, pasados los años, “hemos visto cómo muchos trabajadores han mostrado interés en volver al sector privado, pero ya no lo podemos recibir porque nosotros no estamos construyendo”, dijo.
La grave situación laboral por la cual atraviesa la mano obrera de la construcción, hace reflexionar a Gamez: “si el sector público no puede trabajar en conjunto con los trabajadores, ¿qué quedará para nosotros?”.
Sin embargo, y pese a esta situación, Gámez hace un llamado al Gobierno nacional, extendiendo la invitación para mesas de diálogo que permitan la reincorporación de las empresas privadas del país a la construcción de las obras nacionales. “¿Por qué no se acercan a nosotros, para echar para adelante al país?”, dijo.
El empresario cree que muchas de las obras ofrecidas por el Gobierno nacional no podrán realizarse por falta de divisas, al igual que ponerse al día con las obligaciones salariales. “Nosotros podemos hacerlo, siempre y cuando exista el diálogo y la confianza en el sector privado”, recalcó. Para finalizar, enfatizó: “No pretendemos ser gobierno, pero que el Gobierno no pretenda ser empresario. Somos productivos y exitosos. Déjennos a nosotros hacer eso”.
El paro nacional no beneficia
Pese a reconocer el derecho que tienen los trabajadores del sector de la construcción en busca de mejorar sus condiciones salariales, Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción en el estado Lara, considera como “apresurado” un eventual paro nacional de las actividades laborales de este sector. Mendoza indica que, desde el mes de mayo el aumento salarial que se le debe a los trabajadores tiene un carácter retroactivo, por lo que considera que este sector laboral ha debido esperar más tiempo antes de adoptar dicha medida, “son más de 90 cláusulas que deben ser revisadas, y que no lo podrán hacer en el poco tiempo que queda” para el 8 de julio, cuando expira el lapso del ultimátum dado por el sindicato.
Para finalizar, Mendoza indica que, “la inoperancia del Gobierno nacional no puede afectar al sector privado”, al referirse a la falta en las obligaciones salariales que redundarían en un paro del sector privado de la construccón.
