La escasez de insumos básicos para la construcción, la intensificación de los controles de precios y la especulación que ha traído consigo, la improvisación en el diseño y aplicación de políticas gubernamentales que incentiven la ejecución de una amplia cartera de proyectos que se encuentra en las gavetas de los organismos públicos y empresas privadas, así como también el malestar manifestado por los obreros frente al retraso en la aprobación de la convención colectiva que les recompensaría de manera justa sus arduas labores, son los factores que han generado la contracción sufrida por este sector.
El presidente del Sindicato Único de la Industria de la Construcción del estado Lara, Pedro Peña, aseguró que los costos de las viviendas han incrementado en un 1.000 por ciento, lo cual afecta directamente a los venezolanos -principalmente jóvenes insertos dentro de la actividad productiva del país recientemente- y, en segundo término, a los trabajadores de la construcción. Disminuyen las probabilidades de que los ciudadanos que intentan construir o ampliar sus viviendas, apoyados en créditos bancarios y ahorros propios, puedan conseguir los materiales básicos de construcción, debido a que los precios se han disparado.
“Tal como está la situación, no pueden hacer nada por sus casas porque el salario no les alcanzaría para comprar los insumos. A duras penas, les alcanza para hacer el mercado semanal”, opinó Peña.
Frente a esta realidad, también se reduce la capacidad del Estado de disminuir el déficit habitacional, el cual asciende a tres millones de viviendas, de acuerdo a las declaraciones emitidas recientemente por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.
Las empresas privadas tampoco tienen la posibilidad de ejecutar complejos habitacionales con la rapidez que demanda el país porque los insumos le son vendidos a precios exorbitantes, calculados en dólares no preferenciales. La razón de esta irregularidad es que los materiales baratos son adquiridos por la red gubernamental para la consolidación de la Misión Vivienda que, si bien ha aportado un número de unidades al sistema nacional, es insuficiente.
Las ferreterías tienen poco que ofrecer y cuando les llega un producto lo venden a montos impagables.
A este oscuro panorama se suma que el Gobierno nacional no concreta la promesa formulada a los trabajadores de la construcción de sincerar sus salarios, lo que repercute en la celeridad con la cual se deben ejecutar los proyectos.
Durante su visita al diario EL IMPULSO, Pedro Peña informó que los obreros de la construcción del estado Lara están esperando que la solicitud formulada por las federaciones nacionales que aglutinan a estos trabajadores, en conjunto con la Cámara Bolivariana y la Cámara Venezolana de la Construcción, ante el ministro del Trabajo, de aprobar una nueva convención colectiva que contenga un aumento de 30 por ciento, sea cumplida con vigencia desde el 4 de julio, según lo acordado en estas conversaciones.
“Nosotros no estamos dispuestos a esperar más porque hace un año venció el contrato y desde entonces nos tienen en zozobra. Estamos cansados de los ofrecimientos de homologación que nunca se cumplen”, dijo Peña.
Ultimátum
El presidente del Sindicato de la Construcción de Lara dio un ultimátum al ministro del Trabajo, al enfatizar que “de no respetar los plazos establecidos, saldremos a las calles para protestar ante las sedes del Ministerio del Trabajo, en Lara y en Caracas. Y si seguimos sin obtener respuestas, paralizaremos todas las obras de los sectores público y privado de Lara el lunes 8 de julio”.
Muchas razones motivan a este líder sindical a ordenar la radicalización de acciones.
“Los trabajadores están viendo poca seriedad en las informaciones que nos están llegando de Caracas. El sector de la construcción es el que dinamiza la economía y no es justo que nos traten de esa manera”.
El retardo de la homologación de la referida convención colectiva afecta a 400.000 trabajadores a nivel nacional y a 20.000 trabajadores en el estado Lara.
El sector privado también está a la espera de la concreción de este nuevo contrato para iniciar sus proyectos porque necesitan reglas de juego claras.
En jaque
Las obras que pudieran paralizarse en caso de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del estado Lara cumpla el paro anunciado son las siguientes:
-Urbanización Aves de Yucatán, proyecto de la Misión Vivienda que se ejecuta tras la firma de un convenio entre Venezuela e Irán. Está previsto que culmine el próximo año y contempla 4.032 apartamentos.
-La nueva cárcel para sentenciados, a culminarse durante el mes de octubre, proyecto emprendido por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
-La nueva cárcel para procesados de Lara, la cual estaría lista el próximo año y está en plena ejecución. Es otro proyecto del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
A la crisis que se podría generar a raíz de este paro, se adiciona el malestar de los trabajadores afectados por el detenimiento de los trabajos de reforzamiento de bases y rehabilitación de las Torres de El Sisal, obra que no continuó debido a que la empresa América Proyecto 2021, contratada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, se retiró del estado hace meses.
Insumos por las nubes
Pedro Peña consideró conveniente esclarecer las razones por las cuales al sector privado se le dificulta ejecutar proyectos habitacionales.
“A los constructores privados no les llegan los insumos, especialmente cabilla, cemento y mallas, sumamente esenciales para la industria”.
Reiteró que están destinados únicamente para la Misión Vivienda, por lo cual deben pagar entre 600 y 700 por ciento más sobre el precio real de estos materiales cuando aparecen y después de hacer colas kilométricas, como las que se están haciendo en los supermercados para comprar harina y papel higiénico.
Las consecuencias de las distorsiones asociadas al mercado de la construcción, sobre las cuales el Gobierno tiene poco control, es el incremento excesivo del producto final, es decir, las viviendas.
“Un apartamento, de los más baratos, costaba hace cuatro años 700.000 bolívares (700 millones de los antiguos). Ahora está en dos millones y más”, confirmó el líder sindical.
Fotos: Daniel Arrieta/ y Archivo
