La directora de la ong Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se dirigió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para interponer una acción contra la Asamblea Nacional por su omisión en redactar y aprobar una Ley Orgánica de Fronteras.
El recurso, de carácter popular, demanda al Legislativo por violar la Constitución al desobedecer la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución, que previó la creación un instrumento legal que regule la seguridad y defensa nacional en los límites territoriales del país, en un plazo de dos años.
«Con esta acción se espera recordarle a la Asamblea Nacional por intermedio del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene una mora de 11 años», dijo.
Pierden los pueblos fronterizos
Sobre la manera en que la omisión legislativa afecta a la población, San Miguel explicó que el 36% de los venezolanos que viven en los diez estados fronterizos están dejando de percibir una asignación económica especial contemplada en el artículo 15 de la Constitución.
«Con esta acción, Control Ciudadano aspira a que se declare la inconstitucionalidad de la omisión legislativa, y se dicten los lineamientos para corregir esta situación», indicó la defensora de derechos humanos. Precisó que el TSJ debe entonces ordenar al Legislativo iniciar la redacción del instrumento legal.
Así mismo, San Miguel expresó su esperanza en que los 10 gobernadores y más de 100 alcaldes fronterizos, además de todas las comunidades indígenas que habitan en frontera, se adhieran al presente recurso judicial.
