Lucha de calle

La Constitución es clara al consagrar dentro del catálogo de los derechos políticos que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas” (Art. 68). Eso encuadra perfectamente dentro de los esquemas del constitucionalismo contemporáneo. En las constituciones del mundo libre la protesta pacífica es concebida como un elemento esencial (i) para someter a los gobernantes al juicio del tribunal de la opinión pública y (ii) para encauzar descontentos que, de no drenar dentro del marco de las leyes, podrían poner en riesgo la paz social.
En Venezuela, en cambio, pareciera que la protesta ha salido fuera del espectro de los derechos civiles. Por un lado tenemos a un régimen que criminaliza la protesta, que la persigue judicial e institucionalmente y que la disuade maquiavélicamente con el terror que causan el fanatismo desenfrenado, los colectivos, las milicias bolivarianas y cualesquiera otras formas de violencia para-estatal fomentadas o toleradas por Miraflores. Y por otro, tenemos a una oposición que ha renunciado a su derecho de calle y se ha dejado acomplejar por el perverso discurso de los personeros del régimen según el cual protestar es conspirar, según el cual toda manifestación pública de no adhesión al rumbo que lleva el país es golpismo.
Ante esta situación, los venezolanos tenemos que rescatar el derecho a protestar pacíficamente. Y en ello los dirigentes políticos de oposición –lo digo con humildad, en tono de autocrítica– tenemos una gran responsabilidad. Debemos ser valientes y salir a protestar porque cada vez es más difícil batallar en unas instituciones secuestradas vilmente por el poder autocrático (AN, TSJ, CNE, etc.). Debemos salir a protestar porque cada vez el cerco comunicacional del régimen cierra ventanas de denuncia de la mentira y de la arbitrariedad. Pero sobre todo, debemos salir a protestar porque se trata de un medio eficacísimo para resistir, para aferrarnos a los dictados de la propia consciencia y para no consentir las constantes injusticias de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y del resto de los enchufados.
Llegados a este punto conviene desmitificar algunos falsos dogmas que malamente se han entronizado en torno al derecho de protesta. En primer lugar, la protesta es siempre encuadrable táctica y estratégicamente en la lucha contra el régimen. Se la puede casar de manera complementaria con la lucha electoral, con la lucha ante las instituciones y con la lucha ante la opinión pública. Lo que no se puede hacer es, insistimos, renunciar a protestar. En segundo lugar, no es verdad que tengamos que “evitar” infelices episodios de violencia porque dentro de la misma oposición hay algunos “radicales” que no entienden el sentido de la protesta pacífica. Precisamente, parte del rol del liderazgo en una realidad como la venezolana está en saber enseñar a protestar, en ejercer una suerte de pedagogía de la protesta para mostrar con el propio ejemplo cuál es el genuino sentido de la lucha en la calle. Y en tercer lugar, no es verdad que el liderazgo opositor sea el responsable, por “imprudencia” o por “provocación”, de la violencia que originen los adeptos del régimen. Los violentos son ellos, y los responsables de la violencia también son ellos.
Aferrémonos, pues, a la Constitución y retomemos la necesaria lucha de calle.