La presidente brasileña, Dilma Rousseff, propuso hoy la realización de un plebiscito para llevar a cabo una reforma política en el país, en respuesta a la ola de protestas que ha sacudido a Brasil en las últimas dos semanas.
La mandataria anunció la propuesta de organizar un plebiscito en el marco de un gran pacto nacional en relación al sistema político, la salud, la educación y el transporte, que están en el centro de los reclamos expresados por las multitudes que han ocupado las calles del país en las últimas dos semanas.
El plebiscito debe dar paso a “un proceso constituyente específico para la reforma política”, explicó Rousseff en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio presidencial de Planalto, convocada para responder a las demandas de los manifestantes.
Rousseff propuso cinco grandes “pactos” a los 27 gobernadores y 26 alcaldes que asistieron al encuentro.
Uno referido a la necesidad de mantener la “responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación”, a lo que atribuyó una “dimensión especialmente importante en el momento actual, en que la prologada crisis castiga a todas las naciones”.
El segundo pacto lo centró en la “construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía”, una propuesta que, admitió, en las últimas décadas “entró y salió más de una vez de la agenda política nacional”.
Para superar esa parálisis, propuso un plebiscito “que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política”, pues “Brasil está maduro para avanzar” en esa dirección.
En ese marco, aseguró que debe ser dada una prioridad especial al combate a la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos cometidos por la malversación de dinero público.
El tercer “pacto” se refiere a la salud, un área en la que pidió “acelerar las inversiones” previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las ciudades y regiones “que más precisan mejorar la atención”.
Rousseff admitió que enfrentará “un debate democrático” con esa propuesta, en alusión a la resistencia de los colegios profesionales del país a esa iniciativa.
Respecto al transporte público, que fue el detonante de las protestas debido a un alza en el valor del billete en Sao Paulo, también reconoció que pese a fuertes inversiones hechas en últimos años aún carece de la calidad que exige la ciudadanía.
Por eso, en el cuarto punto del “gran pacto nacional”, propuso “avanzar más rápido” en la construcción de metros, trenes y otros medios de transporte público e invitó a alcaldes y gobernadores a estudiar nuevas desgravaciones de impuestos, similares a las que ya ha establecido el Gobierno federal en esa área.
También anunció su disposición a eliminar los tributos federales al diesel utilizado por autobuses y a la electricidad que consumen trenes y metros.
El quinto punto del “pacto” lo centró en la educación, un área en la que reiteró que su Gobierno pretende mejorar los presupuestos mediante una propuesta que tramita en el Parlamento.
Esa propuesta plantea que el 100 por ciento de las regalías que generen las riquezas petroleras atesoradas en aguas profundas del Atlántico se destinen a la educación.
En ese sentido, dijo confiar en que “los señores congresistas aprobarán eso con la debida urgencia constitucional”.
Como hizo la semana pasada en las otras dos ocasiones en que se pronunció sobre las manifestaciones que recorren el país, Rousseff volvió a condenar los episodios de violencia que hubo en algunas de ellas y que ya dejan cuatro muertos.
En ese sentido, subrayó su compromiso con “la ley y el orden” y ofreció ayuda a alcaldes y gobernadores para “garantizar la paz”, pero enfatizó que se debe escuchar “la voz democrática que viene de las calles”.
Según Rousseff, las protestas dicen que “el pueblo quiere más ciudadanía, quiere ciudadanía plena” y exige “servicios públicos de calidad”, “mecanismos más eficientes contra la corrupción” y “una representación política más permeable” a sus demandas.
