Durante el transcurso de los últimos catorce años numerosos escándalos han sido producidos por funcionarios del gobierno, a todos los niveles; pero, cada uno de los casos que se registra tapa al anterior y al final, prácticamente, no se sabe nada.
Porque el problema fundamental es que no existe contraloría para hacerle seguimiento a los recursos que son administrados por los funcionarios y los tribunales son manipulados, según confesión de magistrados y fiscales que han dejado sus cargos por haber sido expulsados o por otras razones.
Todavía quedan en la memoria colectiva algunos de los casos más resaltantes.
Plan Bolívar 2000
Recién electo Hugo Chávez, en 1999, utilizó la estratagema de transferir partidas no ejecutadas de los presupuestos de ministerios y gobernaciones para constituir un fondo destinado a las guarniciones militares, con la finalidad de que éstas desarrollaran programas de embecillimiento y labores sociales que normalmente estaban a cargo de los despachos públicos y civiles. Fue el inicio de la incorporación de elementos de uniforme a la coadministración pública.
Las primeras denuncias fueron contra el general Jorge Luis García Carneiro cuando fue comandante de guarnición en Mérida y el general Mervin López Hidalgo, comandante de guarnición en Guárico. Otro de los señalados fue Manuel Rosendo; pero a éste el propio Hugo Chávez lo defendió públicamente diciendo “a lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa; pero no es para prender el ventilador”.
Desde entonces comenzaron a formularse denuncias en otros estados por desviación de recursos, que debieron ser entregados a personas con necesidad y fueron a parar a bolsillos verde oliva.
José Vicente Rangel, entonces ministro de Defensa, llegó a decir que ponía sus manos en el fuego por los militares que tenían a su cargo el plan Bolívar 2000, para el cual fueron destinados más de 36 mil millones de bolívares en 1999 y más de 37 mil millones en el 2000.
Clodosvaldo Russián en su informe de la Contraloría General señaló que se habían encontrado “empresas inexistentes, facturaciones alteradas, talonarios perdidos o robados” en las 26 direcciones regionales del mencionado programa.
El vicealmirante Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar, quien fue uno de los denunciantes de los militares, puntualizó que se había entregado dinero sin estructurar previamente los organismos de control y la infraestructura técnica.
En vista de la cantidad de denuncias sobre el desvío de fondos, el plan Bolívar 2000 fue abandonado en el 2001 y luego se creó la fundación Pro-Patria, cuyos recursos estaban destinados a atender necesidades comunales; pero también tuvo observaciones de la Contaloría General de la Repúbica.
Las investigaciones hechas no han servido para establecer responsabilidades. Y sólo queda el hecho anecdótico del manejo de los dineros por los militares que los únicos detenidos por el plan Bolívar 2000 fueron un soldado y un sargento, en el estado Guárico, por cobrar unos cheques que eran endosados a nombre de Melvin López Hidalgo pero, a éste no lo juzgaron. Las demás personas, no sólo las mencionadas sino otras más, han tenido notable figuración pública y el primer denunciado es hoy gobernador del estado Vargas.
Cruz Weffer
El general Víctor Cruz Weffer, quien fue comandante general del Ejército, presidente de la fundación Pro-Patria y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), fue acusado de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada.
La investigación fue iniciada el 14 de enero del 2002 por el Ministerio Público a instancias del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Posteriormente, el juez 25 de juicio, Wilmer José Wetteh, decretó la nulidad de todas las actuaciones hechas por la Fiscalía General de la República.
Malversación en el FIEM
En el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) se emplearon indebidamente más de 4 billones de bolívares.
Se determinó que hubo delitos de malversación, peculado y abuso de funciones por parte de Hugo Chávez y ministros del área económica.
La primera querella fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia el 7 de mayo de 2002 por juristas y ciudadanos.
El escrito señalaba que habían sido sustraídos 1.859 millones de dólares sin cumplir los requisitos de ley. En consecuencia, se había incurrido en uso indebido y supuesto delito de peculado genérico y abuso de funciones.
Igualmente se denunció un faltante de 257 millones de dólares que no fueron enterados al Banco Central de Venezuela. Al cambio de la moneda para la fecha representaba un billón 600 mil millones de bolívares.
La segunda querella fue hecha por diputados de la Asamblea Nacional el 27 de junio de 2002 contra Hugo Chávez y Nelson Merentes Díaz (ministro de Finanzas) por el delito de peculado doloso y malversación agravada.
Se indicaba que el Ejecutivo Nacional dejó de aportar al Fondo la cantidad de 2.936 millones de dólares (2,3 billones de bolívares) que habían sido aprobados por la Asamblea Nacional.
El 21 de noviembre de 2002 fue solicitado al Tribunal Supremo de Justicia acumular en un solo proceso los dos casos, precisándose que esos cuatro billones representaban el 20 por ciento del presupuesto nacional de ese año.
Dinero para la campaña
En España estalló el escándalo del Banco BBVA cuando se realizó el juicio contra esa entidad por haber hecho manejo ilegal de fondos secretos, que fueron estimados en 19 millones de dólares, para financiar la campaña electoral de Hugo Chávez y su partido Movimiento V República. El caso estuvo a cargo del juez Baltasar Garzón.
Sin embargo, en nuestro país no se le dio la importancia que tenía ese asunto, aparentemente, porque en ese momento era muy grande el apoyo de que gozaba Chávez y, por supuesto, la justicia estaba ya de parte del oficialismo.
El cartel de los soles
Luego del asesinato del concejal Mauro Marcano a manos de sicarios, hace unos siete años, se prometió una profunda investigación para determinar si era cierto o no lo que había denunciado el finado: el paso de drogas por el estado Sucre con protección militar y si allí aparecían involucrados altos oficiales de la Fuerza Armada.
Los familiares dijeron que él no tenía enemigos personales, dejando entrever que el homicidio fue a consecuencia de las reiteradas denuncias en las que se señalaba a un cartel de soles; pero la investigación nunca se hizo.
El maletinazo
Uno de los hechos que mayor trascendencia tuvo fue el protagonizado por Guido Antonini Wilson, quien fue detenido en un aeropuerto de Buenos Aires cuando pretendía ingresar la valija y logró salir airoso porque estaba dotado de una serie de cartas de presentación como agente del gobierno venezolano aunque él no ocupaba ningún cargo aquí.
La funcionaria que lo detuvo suministró declaraciones a la prensa de su país y dijo que por la documentación presentada no lo había podido llevar preso por ingreso de contrabando de dinero.
El hecho es que el empresario viajó en un avión de Pdvsa, donde viajaban ejecutivos de esta empresa y de Enarsa, la compañía de energía argentina.
Estaba también Julio Devido, poderoso ministro de Kirchner y de su esposa, quien ha sido reconocido como el coordinador de todos los negocios derivados de los acuerdos económicos firmados entre Argentina y Venezuela.
Contra el mencionado personaje hubo orden de captura por llevar 800 mil dólares en un maletín, el 4 de agosto del 2007, pero la valija fue dejada en la aduana y nunca la reclamó.
El 19 de noviembre del 2009 un juez argentino recibió un video, donde aparecía el mencionado empresario venezolano en la Casa Rosada, sede del gobierno de Argentina, en un acto efectuado dos días después que había intentado ingresar el maletín.
Lo más curioso es que la filmación fue hecha por el canal estatal, que lo envió al juez en lo penal económico, Daniel Petrone.
El acto en cuestión se llevó a cabo en el denominado Salón Blanco, donde estaban presentes los presidentes de Argentina y Venezuela, Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
El gobierno de aquel país declaró estar sorprendido de la presencia del empresario en ese acto; pero, es de suponer que si entró tranquilamente a la Casa Rosada era porque formaba parte de la comitiva presidencial venezolana.
El ministro argentino de Justicia y Seguridad para ese entonces, Aníbal Fernández, quien era jefe del gabinete, admitió la presencia de Antonini Wilson en el acto oficial ya mencionado.
El caso del maletín fue archivado en Argentina y la Fiscalía General de Venezuela no se ocupó de averiguarlo.
Pero, sí tuvo interés en los Estados Unidos, donde se abrió un juicio que involucró a varias personas.
Antonini Wilson, quien confesó que no fue un solo maletín sino varios que llevaron con 5 millones de dólares, colaboró con el FBI en la investigación que derivó en la condena, a principios de 2009, de su ex socio Franklin Durán y otras personas acusadas de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano en los Estados Unidos.
Hubo un funcionario que fue enviado desde la Dirección de Inteligencia Militar a los Estados Unidos, para convencer a Antonini de que diera unas declaraciones que no comprometieran al gobierno venezolano.
Pero, ese funcionario se evaporó. En aquel país hubo sanciones, pero por parte de Venezuela no se hizo nada con la excusa de que los Estados Unidos no habían enviado la rogatoria respectiva, cuando ese es un problema que afectaba el patrimonio de la República, porque los 800 mil dólares que se conocen salieron de Maiquetía en un avión donde viajaban funcionarios de alto nivel de Pdvsa, pagado por esta empresa. Si la Fiscalía hubiera procedido, ya se sabría quiénes son los responsables del envío de ese dinero para una campaña electoral en el extranjero.
Convenio cubano-venezolano
Una nueva acusación contra Hugo Chávez se produjo por el convenio petrolero entre Venezuela y Cuba, suscrito por el jefe del gobierno venezolano y Fidel Castro.
La denuncia consistió en que no se cumplieron las disposiciones constitucionales y legales, ya que existía la obligación de la aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional.
Además fueron cometidas irregularidades y delitos por parte de la directiva del Banco Central de Venezuela, que por instrucciones del Presidente decidió condonar las deudas pendientes que tenía Cuba con Venezuela.
Pero, quien debía conocer del caso también estaba metido en el paquete, pues, el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a la empresa pública, Petróleos de Venezuela, continuar con el envío de 50 mil barriles diarios de crudo a la isla.
Además, el gobierno empleó personal no calificado y extranjero en áreas claves de la industria petrolera.
