Desarme físico y mental

La aprobación por parte de la Asamblea Nacional y la promulgación por el Presidente de la República de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones es un hecho político importante, aunque relativo, para el combate a la criminalidad y a la violencia en general que han convertido a nuestro país en uno de los más inseguros de América y del mundo.
Es importante porque se dota al Estado de un instrumento jurídico para condenar el porte ilícito de armas de fuego y de guerra que sólo deben estar en poder de la Fuerza Armada Nacional y de las policías nacional, regionales y municipales, autorizados por Ley para proteger a la ciudadanía del hampa, que se ha desbordado en todo el territorio nacional, que porta armas algunas veces superiores por su poder de fuego a las de las policías, y atraca, roba, secuestra y asesina a miles de venezolanos todos los años.
Es relativa la existencia de esa Ley si el gobierno no procede a desarmar a los llamados «colectivos», que actuando en una supuesta defensa de la revolución violan la Constitución Nacional Bolivariana vigente, no sólo por portar ilícitamente armas de guerra y constituir organismos paralelos a la Fuerza Armada y a las policías, sino también por atropellar y perseguir a los ciudadanos que protestan pacíficamente contra algunas políticas oficiales. La violencia y los delitos contra esos ciudadanos que manifiestan ejerciendo derechos legales, generalmente quedan impunes, no solo porque no existe la voluntad política para castigarlos, sino también que por lo contrario, los organismos policiales y judiciales aparecen como cómplices al no cumplir sus funciones.
Mientras no se desarme la mentalidad agresiva de algunos funcionarios y partidarios del gobierno, y se les permita que actúen con absoluta impunidad contra los Derechos Humanos del ciudadano, la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, no pasará de ser un instrumento más para aparentar la existencia de un gobierno democrático, para consumo exterior.
Los gobernantes, encabezados por el cuestionado Presidente de la República, tienen que abandonar el discurso virulento contra todo el que disienta de las políticas oficiales, para que la mente de los grupos armados, legales o ilegales que respaldan al gobierno, asuman su defensa mediante las ideas y no con el uso de las armas. Hay que recoger las armas y educar la conducta de quienes puedan portarlas legalmente.
Hay grupos armados que han declarado a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, portando armas de guerra, justificando su existencia en la necesidad de garantizar el avance del proceso revolucionario que encabezó el difunto Hugo Chávez y que heredó el cuestionado Presidente Nicolás Maduro. Estos grupos no forman parte de la Fuerza Armada Bolivariana ni de alguno de los cuerpos policiales, por lo que actúan al margen de la Constitución Nacional que establece que las armas de guerra sólo deben estar en poder de la FANB y de las policías, por lo que el gobierno debe proceder a su desarme.
Y más recientemente, el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) hizo circular un video en el que declaran objetivos militares a los líderes de la oposición. El video lo transmitió CNN en español y ningún funcionario del gobierno ha declarado que deben ser desarmados. Y como el FBL tiene años actuando en la frontera con Colombia e incluso en territorio venezolano fronterizo, tal como lo informó el Alcalde Metropolitano del Alto Apure, y por lo afirmado por algunos de sus comandantes constituyen una fuerza militar que no obedece a ningún gobierno, el actual régimen por lo menos debería entrar en negociaciones para su desarme y su reinserción en la lucha política, tal como lo hace el gobierno de Colombia con las FARC.
Incluso, si el gobierno tiene sinceridad en sus planes de recuperar la producción agrícola y pecuaria, debe garantizar la seguridad de agricultores y ganaderos, para que se coloquen al frente de sus fincas, sin temor a ser secuestrados, para lo cual es imprescindible el desarme de los grupos irregulares y mafias de secuestradores que actúan con impunidad en el campo venezolano. Son muchos los agricultores y ganaderos que no atienden directamente a sus haciendas, por temor a un secuestro, lo que aumenta los costos e impide un mayor rendimiento en la producción y productividad agropecuaria.
La paz y el progreso del país exigen el desarme de los grupos más peligrosos, que actúan casi por la libre, con armas de guerra, de las bandas del narcotráfico y no sólo de los rateros que les sirven a las mafias poderosas, y se matan entre sí para disputarse las miserias que les dejan para sobrevivir en un contexto delincuencial.